Organizaciones y defensores de los derechos humanos acusan que la muerte de uno los colaboradores civiles más importantes de la dictadura, representa “otra de las deudas que tiene la democracia chilena con la justicia y la memoria”.
El también fundador de la UDI fue sindicado por diversas organizaciones de Derechos Humanos como cómplice del régimen que encabezó Augusto Pinochet.
Una encuesta especial de Pulso Ciudadano por los 50 años del golpe arrojó que el 56,5% de la población está nada o poco interesado en la conmemoración, mientras que el 25,8% está muy interesado y el 17,7% medianamente interesado.
El general (r) descartó que existieran pactos de silencio dentro del Ejército, al menos en sus tiempos a cargo del mismo. “Yo no he participado ni sabido de ellos (…) Otra cosa muy distinta es que personas puedan tener información”, expuso.
El mandatario respondió a quienes lo han criticado por valorar “la figura internacional, profundamente democrática de Allende”. Además, aclaró que el objetivo del Gobierno es hacer de la conmemoración del golpe un encuentro “sin verdades oficiales”.
El historiador destacó que aquel 11 de septiembre el Presidente Salvador Allende iba a llamar a plebiscito, porque a pesar de saber que “las posibilidades de perder eran grandes, él entendía que era la forma de evitar una guerra civil”.
La Cámara de Diputados aprobó por 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones, una resolución que busca rechazar la incorporación de Augusto Pinochet en las reseñas de Presidentes de la República de la Biblioteca del Congreso.
La encargada de la medición advirtió que la imagen del dictador es volátil y depende de los acontecimientos. Y aunque más del 60 por ciento lo considera un dictador, más de un tercio cree que el golpe de Estado de 1973 se justifica.
La determinación aplica sanciones de hasta 40 años de cárcel para los agentes de la DINA encargados del aparato exterior. Entre los condenados aparece el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnof y Raúl Iturriaga Neumman.
El legislador del PS que impulsó la continuidad de la jueza Romy Rutherford en el caso “Fraude del Ejército”, señaló que las declaraciones con las que el ex Comandante en Jefe reconoció haber transferido fondos de gastos reservados hacia la familia Pinochet, constatan que el ilícito fue deliberadamente perpetrado por los militares, quienes desarrollaron “la maquina de corrupción más grande al interior de la administración pública”.
Conocida como una de las asesoras más fieras del dictador, Lucía Hiriart tuvo sus propios episodios con la justicia cuando fue imputada del delito de malversación de fondos públicos en el año 2007, sin embargo, finalmente se anuló el procedimiento por falta de garantías, luego que quien fuera presidenta de Cema Chile pasara un día en prisión preventiva.
En un nuevo aniversario de la inauguración de la dictadura más terrorista padecida en Chile, es muy pertinente recordar que en este mes de septiembre se cumple el centenario de uno de los actos de terrorismo de Estado más desconocidos de nuestra historia. La amenaza de ejecución sumaria del ministro del Interior del “progresista” primer […]
