El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El Mandatario además adelantó que este lunes ingresará al Congreso la reforma constitucional en seguridad. En respuesta a las críticas a la iniciativa por la restricción a prestaciones sociales, aseguró que “no se va a pasar a llevar ningún derecho”.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
El ministro Martín Arrau y la ministra May Chomalí protagonizaron un inédito enfrentamiento público por la quita de derechos sociales a condenados, mientras Franco Parisi y Diego Ibáñez cuestionan la estrategia del Ejecutivo.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
El jefe de bancada del Partido Republicano subrayó que la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo no es “simbólica” y llamó a no “magnificar” las diferencias dentro del oficialismo.
RN expuso sus reparos, mientras que Republicanos y la UDI respaldaron la iniciativa del Ejecutivo. En paralelo, La Moneda logró que la Ley Naín-Retamal 2.0 avanzara al Senado. “Vamos sumando buenas noticias”, destacó el ministro Martín Arrau.
La presidenta del FA, Constanza Martínez, acusó que el Ejecutivo “pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”. Tanto el ministro Arrau como el subsecretario Pavez defendieron que la propuesta incorpora “aspectos puntuales”.
El diputado y presidente de la Comisión de Constitución abordó la ACOT impulsada por el Gobierno, advirtió sobre el uso de las FF.AA. en tareas de orden público y recordó que la preocupación por la seguridad ya es una obligación del Estado.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el Jefe de Estado aseguró que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno” y destacó los avances en materia de homicidios, secuestros y decomiso de drogas en su administración.
Según detalló el Gobierno, la reforma constitucional busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública e incorpora por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado
La medida —que establece exámenes periódicos con resultados públicos— alcanza a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores, alcaldes y concejales.
A través de un proyecto de reforma constitucional, diputados y senadores de distinto color político proponen una serie de nuevos requerimientos para impulsar esta herramienta fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los senadores Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Daniel Núñez y Alejandra Sepúlveda presentaron una reforma constitucional con el objetivo de evitar que este tipo de nombramientos sean una “recompensa” por decisiones tomadas en causas penales.
Parlamentarios de oposición expresaron su disposición a tramitar la reforma constitucional en enero, insistiendo en priorizar la agenda de seguridad y en avanzar en cambios profundos al sistema penitenciario.
