RN expuso sus reparos, mientras que Republicanos y la UDI respaldaron la iniciativa del Ejecutivo. En paralelo, La Moneda logró que la Ley Naín-Retamal 2.0 avanzara al Senado. “Vamos sumando buenas noticias”, destacó el ministro Martín Arrau.
La presidenta del FA, Constanza Martínez, acusó que el Ejecutivo “pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”. Tanto el ministro Arrau como el subsecretario Pavez defendieron que la propuesta incorpora “aspectos puntuales”.
El diputado y presidente de la Comisión de Constitución abordó la ACOT impulsada por el Gobierno, advirtió sobre el uso de las FF.AA. en tareas de orden público y recordó que la preocupación por la seguridad ya es una obligación del Estado.
En la ceremonia realizada en La Moneda, el Jefe de Estado aseguró que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno” y destacó los avances en materia de homicidios, secuestros y decomiso de drogas en su administración.
Según detalló el Gobierno, la reforma constitucional busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública e incorpora por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado
La medida —que establece exámenes periódicos con resultados públicos— alcanza a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores, alcaldes y concejales.
A través de un proyecto de reforma constitucional, diputados y senadores de distinto color político proponen una serie de nuevos requerimientos para impulsar esta herramienta fiscalizadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Los senadores Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Daniel Núñez y Alejandra Sepúlveda presentaron una reforma constitucional con el objetivo de evitar que este tipo de nombramientos sean una “recompensa” por decisiones tomadas en causas penales.
Parlamentarios de oposición expresaron su disposición a tramitar la reforma constitucional en enero, insistiendo en priorizar la agenda de seguridad y en avanzar en cambios profundos al sistema penitenciario.
La decisión se produce tras los resultados de la “Operación Apocalipsis”, un masivo operativo que desarticuló una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios. “No permitiremos que las cárceles sean espacios para delinquir”, afirmó Boric.
El Grupo de Análisis de Defensa de las Fuerzas Armadas criticó la reforma que permite al Ejecutivo usar a las FF.AA. en la frontera sin permiso del Congreso. Afirman que es una política “inapropiada” que solo profundiza el rol policial militar.
La ministra Camila Vallejo aseguró que las dudas existentes “se fueron aclarando” en La Moneda. Mientras el PC y el Frente Amplio destacaron las precisiones recibidas, expertos advierten sobre la necesidad de contrapesos al Ejecutivo.
Para el parlamentario el Congreso cumple un rol esencial en este tipo de situaciones de excepcionalidad, lo que obliga a mantener los mecanismos de contrapeso.
Un amplio respaldo recibieron ambas iniciativas. Así, los proyectos pasarán a la Cámara Baja donde continuarán su tramitación la próxima semana. El presidente de la testera, el diputado José Miguel Castro (RN), comprometió una sesión especial.
El proyecto busca separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema, y avanzó a su segundo trámite legislativo. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, resaltó el acuerdo para evitar la concentración de funciones.
Las iniciativas consisten en una reforma a la Constitución que incorpore el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral, además de cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
