En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, profundizó en la tramitación de la Ley Naín-Retamal, que fue despachada del Congreso y, posteriormente, promulgada esta jornada por el Gobierno.
“El proyecto Naín-Retamal, sobre todo en algunas normas que tiene especialmente respecto de la legítima defensa, no contribuyen a solucionar un problema como el que hemos visto anoche”, señaló la académica, en referencia al asesinato del cabo primero, Daniel Palma, quien murió la madrugada de este jueves tras ser baleado durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de Santiago.
Sobre esto último, puntualizó que “el carabinero Palma ni siquiera alcanzó a reaccionar. Entonces, ahí no hay ninguna situación en la que él hubiese podido si quiera usar su arma de servicio y, desde esa perspectiva, me parece correcto que se avance en un refuerzo de las protecciones policiales. Me parece una irresponsabilidad si tenemos este nivel de violencia, estar mandando policías sin protección adecuada a las calles a realizar estos controles y mucho menos a estas comunas, donde se cometen la mayor cantidad de delitos violentos”.
Con todo, Villegas mencionó que respecto de la iniciativa parlamentaria “hay ciertas cosas que a mí no me parece que sean cuestionables del texto como, por ejemplo, esto de introducir normas que aumentan el espectro del delito que se pueda cometer respecto de Carabineros o de policías cuando éstos no sólo se encuentran en el ejercicio de funciones, sino que también con motivo o vocación del cargo”.
“Dicho eso, sí hay normas que me parece que traen un peligro potencial para la población civil y esas normas, que yo creo que es la cuestionable, es precisamente la de legítima defensa. Ciertamente, hubo avances y retrocesos en la discusión parlamentaria, desde el texto que había salido de la comisión de Seguridad Pública del Senado y hubo un cambio en esa formulación, pero que todavía no está exento de errores”, apuntó.
En esa línea, explicó que “el peligro que tiene la norma es que la redacción que tiene la técnica legislativa induce a mucha confusión. Entonces, si usted suma un aumento de la conflictividad social y de la violencia en la calle, al dolor que nos ha ocasionado la muerte de tres carabineros en un mes y a la preocupación que eso genera, le suma una norma que otorga más facultades a la policía, que es confusa y que les dice a los policías que se va a entender que cuando utilizan su arma de servicio para repeler una agresión (…) actúa de manera racional, creo que eso puede llevar a error a las policías y creer que tienen una especie de licencia para matar”.
“Cuando se responde con este tipo de medidas, lo que ocurre es que se van a generar probablemente enfrentamientos armados en comunas, en poblaciones, en lugares donde pudieran llegar a ser alcanzados civiles. Ese es uno de los riesgos y sobre todo cuando estamos frente, por ejemplo, al derecho a manifestarse. Eso es muy complejo, porque la norma que se establece para la legítima defensa tiene un alcance general, no es una norma que está establecida específicamente para un tipo de criminalidad, que es el crimen organizado”, advirtió.
Por lo mismo, insistió en que “la pregunta que nosotros nos hacemos es si acaso no es suficiente con las normas que ya existen, porque las que ya existen son aplicables y, por lo demás, el artículo 410 del Código de Justicia Militar ya contempla una legítima defensa de los carabineros que usan su arma de servicio y eso está desde hace tiempo”.
“Yo creo que eso contribuye a una mayor confusión, lo que tenemos que hacer es tratar de pensar de manera racional y hay que llamar a la cordura, por eso las medidas que está adoptando el Gobierno en relación al reforzamiento de la protección policial cuando salen a patrullar a las calles me parece adecuado”, indicó la académica.
