En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, abordó las derivadas de la crisis de seguridad que afecta al país y la cruzada que llevan las y los jefes comunales en el combate contra el crimen organizado. Una labor que lo llevó recientemente a conformar la Asociación de Municipalidades por la Seguridad Comunitaria junto a los alcaldes de Macul y La Cisterna, para efectos de contar con los recursos materiales y humanos que hacen falta para intervenir en las comunas.

¿Cuál es la situación de seguridad en su comuna y en qué pie entra a la aplicación del Plan Calles sin Violencia?

Nos ha repercutido el aumento de los delitos de la Región Metropolitana como a todos en realidad. Ha aumentado mucho el delito que tiene que ver con el lanzazo, el robo con violencia en el sentido de esta situación de que pasan autos, se bajan las personas armadas, en las motos también armadas. Eso ha ido al alza y ese delito nos ha afectado profundamente, como a la región en general. Lo que hemos logrado mantener a raya han sido los fuegos artificiales y los balazos al aire. Ahí con Carabineros ha funcionado un plan de trabajo colaborativo respecto a incentivar a la denuncia, así que tuvimos una campaña todo el 2022 para que la gente denunciara los hechos y también el año pasado se logró detener a algunas personas con fuegos artificiales y nosotros nos querellamos.

En otras entrevistas ha mencionado el caso del barrio La Legua Emergencia y de cómo ésta retrata el fracaso del Estado en la comuna de San Joaquín ¿Mantiene ese diagnóstico? 

Claro, el Estado fracasó, sigue fracasando en esa materia porque todavía no se ha invertido de forma permanente en los barrios críticos con el fin de desarrollar procesos educativos permanentes en el tiempo, que nos permitan darles alternativas a los niños y niñas que están ahí. Hoy día la alternativa son los autos de lujo que andan por los barrios críticos, el ofrecimiento siempre del dinero por parte del narcotráfico para acceder a mejores ropas y todo lo que conocemos. Por lo tanto, el Estado fracasó y sigue fracasando, porque tenemos que sentarnos todos a construir una forma de ver los barrios críticos, que sean con proyectos permanentes en el tiempo. Lo que he dicho siempre, yo no he aceptado recursos del Estado si no son de forma permanente. Ahí está el primer -y esperamos que el Presidente pueda acercarse a estar con nosotros- Centro de la Protección de la Niñez y la Infancia, que es el primer centro piloto en Chile que tiene que ver con que logremos tener un lugar donde podamos acoger a los niños después del colegio o a los que no vayan al colegio desde el municipio, desde el Estado de Chile, para poder darles educación permanente y contrastar el narcotráfico.

¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno en materia de prevención del delito? El subsecretario Vergara ha sostenido que esta administración quiere avanzar en un sistema nacional de seguridad municipal. 

Yo creo que salimos de la pandemia de la salud a una situación grave de seguridad de un momento a otro. Creo que el Gobierno ha ido reaccionando de buena forma, está tomando la iniciativa que corresponde, que es acercarse también a los municipios. Aquí, y es lo que uno critica a veces a los parlamentarios, se hacen leyes sin consultarnos y somos los que estamos dando la cara o los que enfrentamos directamente la violencia, el narcotráfico o las adversidades. Por lo tanto, cuando el Gobierno considera y nos sienta en la mesa para iniciar estos diálogos, creo que es un buen término. Hay que partir esto desde la estructura de más abajo que son los municipios y es aquí donde tienen que llegar los recursos y vuelvo a insistir, en políticas que focalicen la educación permanente. Hay un tema cultural que hay que cambiar y eso es fundamental, partiendo desde la base que son los municipios.

En ese sentido, ¿valora el compromiso transversal por la seguridad que el Gobierno firmó con las asociaciones de municipalidades y de gobernadores? ¿Cuál es el cambio que radica en este acuerdo?

Los cambios tienen que partir por los municipios, (que) es donde podemos generar las transformaciones. Hay que pensar que antes siempre se proyectó desde la oficina, desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y se traían los proyectos casi cortados para acá, con gente que trabaja en su oficina. Entonces, que se hagan los proyectos o que las iniciativas partan desde personas como los alcaldes o como nuestros funcionarios, que son los que están enfrentados al problema directamente, cambia absolutamente la visión y creo que en eso el Gobierno está muy bien.

¿Cuál es la necesidad por la cual nace la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria con los alcaldes de Macul y La Cisterna?

Es que el Estado todavía no se moderniza, que también pasa con las leyes, que es un problema estructural que ya tiene que empezar a superarse y es algo que el Gobierno contempla dentro de sus proyectos de ley para mejorar: nosotros tenemos un tope en las municipalidades en que podemos contratar hasta el 40% del presupuesto general de personal, no nos podemos pasar, y un 40% de contrata. Para que alguien pueda manejar una camioneta municipal o pueda ser inspectivo tiene que tener una contrata y eso ya no lo podemos hacer porque están todos los municipios al máximo. Por lo tanto, constituimos una asociación de seguridad, que lo que nos permite es aumentar nuestra capacidad de personal. Ahí nosotros podemos contratar personal al estar asociado en este esquema de seguridad pública, por lo tanto, viene a eso, a tomar nosotros la asociación y poder invertirle recursos a través de subvención y poder aumentar nuestra capacidad de patrullaje, de poder tener gente viendo las cámaras y así sucesivamente. Nos viene a permitir más que nada contratar personal que es fundamental, que hoy día no lo podemos hacer en el municipio. Yo no lo puedo hacer.

¿Considera que esta nueva criminalidad ha empujado a los municipios a trabajar más colaborativamente? Con toda la problemática que se discute sobre cómo se trasladan los delitos.

Sí, sin duda. Yo siento que con los alcaldes -voy a cumplir dos años en el período- se conversa más. Hemos estado considerando, como bien decía el subsecretario Monsalve el otro día, que esto no tiene que tener fronteras. Si la criminalidad no tiene fronteras, nosotros también tenemos que asociarnos de la misma forma, nuestros inspectores, nuestras cámaras, debiese estar todo conectado. Creo que esa es otra materia y por eso es importante que ciertas atribuciones las tenga la Gobernación también, porque debiera haber un gobierno central metropolitano que fuese capaz  de asociarnos a todos. Sin duda que las asociaciones nos permiten combatir el crimen asociado de mucha mejor forma.

¿Qué le parecen los proyectos que vienen en el fast track legislativo? ¿Subsanan en algo la realidad de las comunas? 

Creo que falta, porque no lo he leído de ninguna parte que salga como creo que debería ir una de las principales invisibilidades que tenemos, que es a las personas bebiendo alcohol en las plazas, en los lugares comunitarios. Por una modificación de Lagos a la ley, beber en la vía pública pasó de ser delito a falta. Por lo tanto, hoy día no es considerado algo de gravedad que una persona esté bebiendo en una plaza, siendo que está ocupando el espacio de la familia, de los niños, creo que esa discusión falta también. Nosotros lo planteamos en un proyecto que se los mandamos a los parlamentarios, también se lo mandamos al Ejecutivo, donde proponemos que en los espacios comunitarios vuelva a ser un delito beber, para que Carabineros pueda tomar a esa persona, llevarla a la Comisaría y pasarle allá la multa y después dejarla libre, pero que exista esa atribución de Carabineros de dejarnos el espacio comunitario o ellos sacar a las personas que están ocupando el espacio de todos. Creo que eso falta, no lo vi, no veo que esté y voy ser insistente en que se legisle sobre el tema.

¿Usted es crítico sobre las iniciativas de aumento de penas y facilitación de la prisión preventiva? Mociones de este orden han sido criticadas desde la academía, donde acusan falta de efectividad de las mismas y advierten que exacerban la crisis penitenciaria. 

No sé de dónde sacan los datos porque tenemos una tremenda puerta giratoria, porque si lo demuestran con otros países, al final nuestra idiosincrasia es distinta, no sé con qué lo podrían comparar. Eso a mí siempre me habla de una profunda desconfianza porque ¿con qué otra idiosincrasia comparamos a los chilenos? ¿La comparamos con los argentinos? ¿Con los ecuatorianos? ¿Cón quién? Somos culturas distintas. Por lo tanto, para mí el aumento de penas, lo vengo proponiendo hace mucho tiempo, creo que alguien que mata a una persona con un arma de fuego y cinco años es lo máximo donde parte, es un error profundo. Creo que esas condenas deberían partir de los 15 años; alguien que porte un arma de fuego, que parta en tres años, creo que está fuera de cualquier racionalidad. Alguien que porte un arma de fuego es que tiene la intención de cometer un delito, de matar a una persona, debería partir de los 10 a 15 años inmediatamente. Me han dicho que es populismo penal, pero para nada, no nos podemos comparar. Creo que hay que subir las penas en todo ámbito.

Con el criterio Valencia en marcha y la moción que gana fuerza en el Congreso para tipificar como delito la migración irregular ¿Qué opina usted de esta derivada de migración en materia de seguridad?

Creo que hay que tener un poco más de cautela. Tenemos claridad que muchas personas vienen a trabajar y también hay una parte mínima que es la que delinque. Creo que sí debería cerrarse la frontera, en eso estoy absolutamente de acuerdo con el sentido de que regulemos primero cómo nos organizamos y quien no tiene sus documentos, claro que también tiene que ver en qué situación se encuentra, si debiese ser expulsado. Por ejemplo, lo que no me cabe en la cabeza y lo que no entiendo es que tengamos personas migrantes en situación de calle. No comprendo en qué momento sucede, hay que regularlo ¿Por qué un migrante debería estar en la calle? Ahí tiene que funcionar el sistema social de su país, no el nuestro, porque son personas que vienen a Chile a vivir en la calle, por lo tanto, es muy complejo ¿Por qué nosotros asumimos ese costo como país? Hay preguntas que hay que hacérselas.