El 17 de diciembre debería comenzar el debate parlamentario sobre el proyecto que modifica el sistema de financiamiento de la política, presentado esta semana por la ministra Ximena Rincón. Sin embargo, la necesidad de contar con un organismo capaz de fiscalizar realmente las nuevas disposiciones para no convertirlas en letra muerta reabre los cuestionamientos sobre las prioridades de la agenda legislativa del Ejecutivo y, por cierto, el rol que jugará el Servicio Electoral.
¿Cómo está preparado el Servel para recibir las nuevas atribuciones que le pueda entregar el Gobierno?
Conversamos con el Ejecutivo para ver cómo nos podemos hace cargo de manera responsable de las nuevas facultades que se pretenden entregar al Servel. En la situación actual, es absolutamente imposible que podamos hacernos responsables de un adecuado funcionamiento del sistema de control y fiscalización. Por esa razón, hemos considerado separar, por un lado, el proyecto de ley que establece el financiamiento de la actividad política, y en los primeros cuatro meses del 2015 ingresar un proyecto de reformulación que genere una nueva estructura y que refuerce al Servicio. De otra forma, lo que se pueda avanzar en términos de financiamiento de la política no va a pasar de ser letra muerta. Aquí es indispensable, además de la regulación del financiamiento a los partidos y las campañas, reforzar y generar una estructura nueva para la institución.
¿Por dónde pasa este reforzamiento?
Durante el último tiempo hemos recibido una serie de nuevas facultades, a través de distintas leyes que se han ido dictando. La última de inscripción automática y voto voluntario, lo cual inmediatamente hizo cambiar un sistema que estaba basado en lo escrito, con grandes libros que eran administrados por las juntas inscriptoras, que estaban en cada una de las comunas del país, incluso más de una por comuna, lo que provocaba que el Servel fuera el organismo público con mayor presencia con más de 580 juntas inscriptoras. Luego pasó a ser una mera entrega de los plazos que establece la ley a través de listados informáticos por parte de distintos organismos a los ciudadanos que cumplen 17 años, para ser incorporados al Registro Electoral,y 18 años para los efectos de incorporarlos a los padrones electorales. Eso significó un cambio de cultura de un organismo del Estado que trabajada fundamentalmente la cultura escrita de los libros, hacia la cultura informática.
Nuestro personal requiere capacitación para esos temas. Hay personas que demostraron hacer bien su trabajo durante muchos años y, por lo tanto, no estamos pensando en cambiarlos. Por otra parte, de la planta de 280 funcionarios solo un 15 por ciento son profesionales, y eso significa que en su momento se contó con funcionarios que tenían la preparación adecuada para asumir sus tareas. Pero hoy estamos ante un desafío diferente, si hoy va a ser necesaria la entrega de recursos públicos, tiene que hacerse de manera transparente, con mucha seguridad, dando confianza pública a los ciudadanos (as). Si es que se requieren fiscalizaciones en terreno, asumir tareas que van más allá de las que hoy tiene el SERVEL, obviamente debería tener su relación en la nueva estructura en la que estamos trabajando, donde tenemos un acuerdo con el Ejecutivo para enviar un proyecto de ley completo dentro del primer cuatrimestre del 2015.
Hay sectores que piden que el Servel tenga más poder, incluso hasta sancionatorio. ¿Cree que eso es necesario?
Al mirar la experiencia en otras democracias en el mundo, nos damos cuenta que hay diferentes modelos respecto de los cuales se estructura un Servicio como el nuestro, y es indispensable señalar que es una buena fórmula separar lo jurisdiccional, que está a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones, que es un órgano autónomo desde el punto de vista Constitucional, y por otro lado, el Servicio Electoral, que es la máxima autoridad administrativa en los temas electorales. Creo que es bueno mantener ese sistema. Lo digo porque hay países que han reunido en un solo órgano ambos temas, por ejemplo el caso brasilero, tal vez el más clásico. Siguiendo sobre esa línea algunos han planteado, que debiéramos aprovechar espacios de discusión sobre una nueva Constitución anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, que está en el programa del gobierno actual, para revisar la situación del organismo.
No es una mala idea darle el carácter de un órgano Constitucionalmente autónomo, como el Banco Central, el Tribunal Calificador de Elecciones, es decir, que la propia Constitución sea la que garantice la autonomía del Servicio como máximo órgano de la administración electoral del país. Sobre esa base es indispensable mirar la experiencia comparada, donde órganos Constitucionalmente autónomos tienen por un lado una garantía presupuestaria para ir asumiendo las nuevas tareas.
Se trata de tener un órgano del Estado como garante del funcionamiento de la democracia. Si no existiera el Servicio, la democracia no pasaría de ser algo que se enseña en las universidades o se práctica, pero en cuanto a lo que significa elegir las autoridades en una democracia representativa donde, además, se empiezan a validar los plebiscitos, la posibilidad de acciones de democracia más directa. El Servel va a ir cobrando una mayor fuerza, y creo que tenemos que ponernos al nivel de los tiempos actuales, lo que significaría incluso que el Servicio pudiera plantear proyectos de ley. En la actualidad dependemos del Ejecutivo y en otros casos debemos contar con el apoyo de algunos parlamentarios para poder hacer propuestas legales.
Si bien los temas electorales tienen un sustento en el tiempo y deben ser relativamente permanentes, el ajuste de las normas electorales, a veces, requiere entre una elección y otra producir cambios importantes. Por qué no pensar en un SERVEL que pueda tener esa iniciativa legal.
Nosotros estamos disponibles para poner toda la experiencia que tenemos, todos los funcionarios y funcionarias que han trabajado durante mucho tiempo en el ente estatal. La credibilidad de la que gozamos en la ciudadanía, y el conocimiento de la experiencia que hay a nivel internacional, para poder volcarlo en un buen proyecto de ley que pueda reforzar el actual Servicio en un organismo que efectivamente cumpla con lo que la sociedad le está pidiendo.
¿Cómo el Servel podría haber evitado el Caso Penta?
No hay posibilidad de evitar una situación de esa naturaleza. Para nosotros es algo que está en investigación y mientras no esté acreditado, no podemos considerar que haya ocurrido, pero situaciones de ese tipo donde hay vulneración de la ley, donde se han cometido delitos, es muy difícil de acreditar cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo para burlar la ley y buscar financiamiento indebido, lo único que queda es sancionar. Lo importante es que en el nuevo sistema que se determine para recoger el aporte de los privados para la actividad política sea muy transparente, y además se establezcan facultades fiscalizadoras para un órgano específico, que puede ser el Servel. Nosotros estamos disponibles en la medida que tengamos más personas, más presupuesto y más facultades para hacerlo. Pero también que se determinen sanciones, y me parece que hoy seguir operando sobre la bases de multas muy bajas, que prácticamente alientan a incumplir la ley, porque se paga la multa y no hay mayor problema. Creo que se deberían considerar otro tipo de sanciones, hay legislaciones que contemplan la pérdida del cargo de las personas que de forma ilegal han obtenido un cargo de presentación popular.
¿Habría sido más práctico comenzar por el fortalecimiento del Servel y luego el proyecto de Ley de Financiamiento?
Lo que ocurre es que son opciones. se podría decir en su momento que habría sido mejor empezar con una nueva Constitución y después las reformas, pero acá las autoridades encargadas son las que adoptan las decisiones pertinentes. El Gobierno adoptó la decisión de enviar primero el proyecto de financiamiento de la política y luego en una conversación que sostuvo con nosotros se abrió a considerar un segundo proyecto de reforzamiento del Servicio.
