Según señala El Mercurio en su edición de este viernes, el Gobierno afina una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que podría modificar uno de los pilares de la Ley de Inclusión: la asignación centralizada de vacantes. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación contempla que los establecimientos puedan optar entre permanecer en el sistema único o desarrollar procesos propios de admisión, incorporando criterios como entrevistas, notas o evaluaciones internas.

La propuesta, que según el Ejecutivo sería ingresada durante las próximas semanas al Congreso, emerge en medio de los cuestionamientos al funcionamiento del SAE por parte de un sector de apoderados, sostenedores y sectores políticos que han criticado errores en la asignación de cupos y la falta de consideración del “mérito académico” en el proceso.

Actualmente, el SAE opera mediante un algoritmo centralizado donde las familias ordenan preferencias y el sistema asigna vacantes según prioridades legales y disponibilidad. Implementado gradualmente desde 2016, el mecanismo buscó terminar con prácticas de selección consideradas discriminatorias, particularmente hacia estudiantes prioritarios o con necesidades educativas especiales.

Fuentes vinculadas al diseño de la reforma señalan que el nuevo esquema permitiría que algunos establecimientos con financiamiento público definan sus propios criterios de admisión, siempre bajo supervisión de la Superintendencia de Educación. Desde el Mineduc sostienen que la propuesta recogería recomendaciones técnicas y mociones parlamentarias que han buscado flexibilizar el sistema sin eliminarlo completamente.

La discusión, sin embargo, genera divisiones entre especialistas. La investigadora del Centro de Estudios Públicos, Sylvia Eyzaguirre, quien encabezó la mesa técnica que evaluó el SAE en 2025, afirmó que el algoritmo “es sumamente flexible” y que técnicamente podría incorporar distintos criterios de selección sin necesidad de crear procesos paralelos fuera del sistema centralizado.

Desde una mirada crítica, el académico Gonzalo Muñoz advirtió que cualquier modificación debe resguardar “el derecho de niños y familias a un trato igualitario y no discriminatorio”. El especialista recordó que antes de la Ley de Inclusión existían prácticas masivas de exclusión hacia estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad, fenómeno ampliamente documentado por investigaciones educativas y organismos internacionales.

En paralelo, sectores ligados a la educación particular subvencionada valoraron la posibilidad de entregar mayor autonomía a los establecimientos. El presidente de Conacep, Hernán Herrera, sostuvo que el sistema requiere mantener una estructura común, aunque insistió en que “el gran déficit es que no se consideró el mérito”. En la misma línea, desde FIDE defendieron la “libertad de gestión” de los proyectos educativos, aunque recalcaron que no renunciarán al principio de inclusión.

El eventual rediseño del SAE reabre así la discusión sobre hasta dónde puede extenderse la autonomía de los establecimientos sin reinstalar mecanismos de segregación escolar. Mientras el Ejecutivo busca equilibrar flexibilidad y regulación, organizaciones educativas y expertos advierten que el debate define qué tipo de acceso a la educación pública se quiere garantizar en el país.