El esposo de la exjueza de la Suprema, Gonzalo Migueles, es acusado de lavado de activos y cohecho. En la audiencia, el Ministerio Público apuntó a la estrecha relación entre el matrimonio y el abogado, también imputado en esta causa, Mario Vargas.
El abogado sostuvo que la exjueza de la Corte Suprema no habría operado de manera aislada, señalando la posible participación de otros miembros del Poder Judicial. “Estamos frente a un nivel de corrupción probablemente desconocido”, alertó.
La jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz, pidió acceder a los registros telefónicos de once periodistas, con la idea de identificar sus fuentes en el marco del Caso Audios. La solicitud fue rechazada por la justicia.
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, presentó una querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, acusándola de recibir un presunto soborno de 14 mil dólares para fallar en contra de Codelco.
La presentación de esta acción penal deja ahora en manos del propio máximo tribunal la decisión de acogerla, lo que constituye un trámite necesario previo a una eventual formalización de la exmagistrada, prevista para este viernes.
Gonzalo Migueles y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas seguirán detenidos hasta el viernes, mientras la Fiscalía indaga una red de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos vinculada a la exministra de la Corte Suprema.
La autoridad del organismo además salió del paso de las críticas del candidato presidencial Johannes Kaiser respecto a su militancia del Partido Comunista: “Estos cargos se postulan por ADP, no se pregunta militancia, se evalúan méritos”.
El hallazgo se dio en medio de las diligencias para aclarar los errores en la identificación de víctimas de la Región de Coquimbo. El ministro en visita, Sergio Troncoso, está buscando a al menos dos personas que volvieron a desaparecer.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, realiza diligencias para dilucidar si terceros cercanos a la exministra Ángela Vivanco incidieron en la votación de los supremos, específicamente en el voto del ministro Arturo Prado.
Durante esos diez años, el periodo en el que más se otorgaron fue el segundo semestre de 2016, con 3.215, lo que contrasta con fuerza al notar los registros del primer semestre de 2025, donde se concedieron 734 de estos beneficios.
La exconsejera del CDE criticó el cierre de la emblemática causa. Acusó un “sesgo” del tribunal y el uso de argumentos “artificiales” para descartar pruebas clave, culpando injustamente a la Fiscalía por las demoras del juicio.
El candidato Marco Enríquez-Ominami busca esclarecer la supuesta “persecución política” en su contra y exigir correos internos de fiscales vinculados a la causa. Por otro lado, criticó al Gobierno afirmando que deja un “desastre presupuestario”.
El exquerellante de la causa criticó duramente a las juezas del fallo de mayoría, señalando que usaron “argumentos que van desde lo inverosímil a lo absurdo”. En esa línea, cuestionó que no se considerara a Pablo Longueira como funcionario público.
El experto en derecho penal no dio crédito a las críticas contra la Fiscalía, en cambio, cuestionó la labor que realizó el tribunal. Para Riego, las magistradas a cargo del proceso “perdieron el control del juicio o nunca pretendieron controlarlo”.
Michael Fritz Gervasoni, el excomandante de la compañía a la que pertenecía el conscripto de 19 años, así como el exteniente coronel Carlos Guajardo, serán formalizados por los delitos de apremios ilegítimos y cuasidelito de homicidio.
