Mediante un comunicado la colectividad cuestionó la legalidad de la filtración y recalcó que las multas investigadas fueron pagadas, poniendo énfasis en la necesidad de respetar los tiempos de la justicia.
El gobernador de la RM declaró voluntariamente en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco durante el proceso electoral para su reelección. Tras la diligencia, acusó a ciertos CORES de tener una “actitud de aprovechamiento político”.
Tras la decisión, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manoucheri, afirmó que todo lo relacionado con el proyecto de Andes Iron “huele mal”. “Si (Matus) no podía redactar este fallo, ¿cómo pudo votarlo?”, cuestionó.
La decisión se tomó tras una solicitud de revisión presentada por la defensa del exalcalde, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
El fiscal Francisco Jacir solicitó la audiencia con el objetivo de precisar la dinámica de cómo ocurrió el ataque sexual denunciado por su subalterna. Todo, en paralelo a la investigación por el uso de gastos reservados del exsubsecretario.
La Fiscalía acusó que el exjefe comunal aumentó su patrimonio en más de $268 millones sin justificación aparente y solicitó una condena de 10 años de cárcel. El exedil fue absuelto del delito de cohecho pasivo por la prescripción de la causa.
La Corte de Apelaciones determinó que el desaforado diputado acusado de violación cumplirá arresto domiciliario total mientras siga la investigación. La defensora de la víctima, Silvana del Valle, expresó su disconformidad con los argumentos.
La entidad detectó millonarias irregularidades en la AMZO. Desde Lo Barnechea aclararon que no corresponden a la gestión actual de Felipe Alessandri y que colaborarán con las autoridades. Antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al CDE.
La decisión judicial se adoptó después de que la defensa presentara un recurso apelando al “deterioro en la salud psíquica” del abogado, argumento que fue sustentado con un informe médico oficial.
La defensa del comunero alega vulneraciones a derechos culturales y familiares, mientras Gendarmería insiste en que se han respetado sus garantías y que el traslado no es viable por razones de seguridad.
Alberto Fernández Mitchell, exteniente de Carabineros y condenado a presidio perpetuo por su rol en el asesinato de 19 trabajadores tras el golpe de Estado de 1973, fue detenido en Iquique tras más de un año prófugo.
Tras cinco años de investigación, el fiscal Marcelo Carrasco determinó que no existen antecedentes para imputar delitos. En el caso estuvo querellado el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y sus subsecretarios.
El abogado de DD.HH. celebró la decisión del Gobierno de poner fin al estatus especial del penal. Además, descartó que una eventual segregación o aumento de plazas en el recinto signifique la afectación de garantías constitucionales de los reos.
Con esta sentencia, el máximo tribunal del país rechazó los argumentos del Ministerio Público, que había objetado el fallo previo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La investigación del ministro Aguilar Brevis determinó que en la década de los 80 existió en la ciudad de San Fernando una organización delictual que se dedicó a detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos.
