La acción judicial alega que hubo un daño irreparable en la reputación profesional de la exautoridad tras las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra. “De un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador”, señaló Larraín.
Las víctimas fueron heridas de gravedad el 20 de octubre del 2019 mientras se movilizaban en cercanías de una manifestación. En tanto, la defensa de los exmilitares acusados presentó nuevamente una solicitud al TC para suspender este proceso.
La abogada de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres afirmó que “por un lado está esa sensación de impunidad que es innegable, pero también está el hecho de que es poco común que a un violador le den tantos años de cárcel”.
La Red de Acción Carcelaria denuncia que los problemas de infraestructura impiden “el acceso al agua las 24 horas del día e incluso en algunos centros penitenciarios les impide hacer uso de los baños”.
“Le pido perdón a mi hija, hicimos todo lo posible con los abogados y no pudimos lograr la condena que pedíamos. No es justo, para mí no es justo”, lamentó Marcela Parra, madre de Antonia Barra, una de las víctimas de Pradenas.
El 26 de agosto de 2022 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a Pradenas a 20 años de presidio efectivo, pero la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, que acusó falta de imparcialidad de uno de los jueces.
El alcalde de Recoleta anunció “todas las acciones judiciales, penales y civiles” contra el medio que ha iniciado una “pesecución política” y no ha respetado “el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”.
Empresas Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao ejecutaron un acuerdo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna.
El CDE participa esta semana en la audiencia de prueba fijada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en el marco de la demanda de reparación ambiental presentada por el organismo contra tres sociedades mineras.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche fue condenado por un atentado en la región de Los Ríos en 2013. Luego de cumplir un período de arresto domiciliario, se dio a la fuga y fue detenido en Argentina.
Carabineros informó de dos corporaciones de asistencia judicial afectadas en San Ramón y La Cisterna. Por su parte, el Fiscal Nacional instruyó a la Fiscalía Centro Norte a investigar en específico los delitos ocurridos en dependencias ministeriales.
La Fiscalía Metropolitana Sur presentó en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en contra del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (exPS), por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.
La instancia indagó irregularidades dentro de la institución, entre ellas, el caso de la subinspectora Valeria Vivanco. En el documento, se recomienda mejorar la regulación ante el actuar de la policía por denuncias de violencia sexual.
El defensor nacional, Carlos Mora, cuestionó ante la comisión de Principios que “la dependencia del poder político de turno deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia”.
El abogado y representante de la familia de Víctor Jara, reconoció la tardía aplicación de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura pero al mismo tiempo valoró el hecho de que se sigan investigando y tramitando.
