El Ejecutivo se ha enfocado en llamados desde el gabinete a rechazar el libelo; sin embargo, expertas y expertos advierten que dejar en manos de los parlamentarios el destino del ministro del Interior sin impulsar medidas concretas respecto de Carabineros, podría viabilizar la acusación.
En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado DC aseguró que “todos han manifestado su compromiso de votar a favor porque están convencidos de que hay suficiente base jurídica-política como para aprobar”.
Votaron a favor de la acusación los diputados y diputadas Loreto Carvajal (PPD), Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL) y Fernando Meza (Ind.). El único voto en contra fue del UDI Joaquín Lavín.
La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, se reunió para escuchar al ministro de Defensa, Mario Desbordes. Esto, luego de que los abogados de Víctor Pérez endosaran a la cartera de Defensa la responsabilidad sobre Carabineros en estado de excepción constitucional.
El Ministro del Interior también señaló, sobre el argumento de su defensa ante la acusación constitucional, que si alguien cree que presentar una inconsistencia de la oposición genera como efecto que está responsabilizando al Ministerio de Defensa, lo desmiente tajantemente.
La instancia sesionará durante toda esta semana en orden a emitir su recomendación respecto de la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez. De ser aprobada esta en la Cámara de Diputados, será el Senado el que actúe como jurado y determinará si el secretario de Estado es destituido sin derecho a optar a cargos públicos por un lapso de 5 años.
En la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, el diputado de la Democracia Cristiana fue el encargado de defender el libelo y exponer las razones por las que se ejerció esta acción por parte de algunos parlamentarios de oposición.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado RN por la región de La Araucanía se manifestó “decepcionado” con una administración de Sebastián Piñera que, para él, le ha “dado la espalda” a su gente. “Lo que pide la ciudadanía es que se pongan los pantalones de una vez por todas y protejan a las personas”, sentenció.
El diputado cuestionó a quienes ayer “privilegiaron la impunidad de un ministro que violó la Constitución”.
Con 73 votos en contra, 71 a favor y 7 abstenciones, el libelo acusatorio fue rechazado por los diputados en una larga jornada en el hemiciclo de la Cámara Baja. Entre quienes se abstuvieron se cuentan los diputados de la Democracia Cristiana Loreto Carvajal, Gabriel Silber y Daniel Verdessi, el PS Jaime Tohá y los independientes Pepe Auth y Fernando Meza.
La diputada miembro del Frente Amplio enumeró la cantidad de antecedentes que, a su juicio, hacen viable una acusación que ya ha sido respaldada por todas las bancadas oficialistas, salvo la DC.
El titular de Interior se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra y reiteró que no ha cometido ninguna falta.
Para el ministro vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, dicha medida “es la única manera que tiene la oposición de unirse en torno a algo”. En tanto, para la politóloga y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, se trata de la única herramienta con la que cuenta el Congreso para reaccionar ante la poca prioridad que le ha dado el Ejecutivo a las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos.
“Espero que reconsideren estos días y no la presenten (acusación), no la presenten porque no tiene fundamentos, no tienen ningún argumento para poder presentarla”, sostuvo el ministro vocero de Gobierno.
Si bien la acusación constitucional contra el secretario de Estado se fraguaba desde septiembre ante su pasividad por el paro de camioneros, la acción legislativa se reactivó luego de que un carabinero arrojara al Río Mapocho a un manifestante el pasado viernes.
Además, el secretario de Estado reiteró el apoyo a Carabineros.
El ex ministro de Salud reconoció hoy en la Cámara de Diputados que existieron problemas en el conteo de datos por COVID-19, esto en el marco de la acusación constitucional en su contra.
