Antes del segundo semestre de este año se debería aprobar en el Parlamento el proyecto de ley que busca evitar la especulación en los cambios de uso de suelo. La iniciativa que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia ha tenido un avance lento en el Congreso.
Impacto generó el contenido de la declaración del ex director sociocultural de La Moneda e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien aseguró que el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo utilizó el caso Caval para desviar la atención de la indagatoria SQM. Mientras, La Moneda guarda silencio, el oficialismo resiente el peor cierre del año que pudo imaginar.
Junto con reconocer que su nombramiento como director sociocultural de La Moneda generó molestia en el denominado grupo G90, liderado por el ex ministro del Interior, explicó que formatear su computador tenía el objetivo de borrar su perfil de usuario y contraseña para no quedar expuesto a ser manipulado, “pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”.
Según trascendió, la información estaría bajo secreto por cuarenta días. Así lo habría decretado el fiscal a cargo, Cristian Paredes.
La petición se discutirá este jueves en la Cámara de Diputados.
Luego que se conociera de 22 mil millones de pesos pagados a dicha empresa por catorce Servicios de Salud del país, parlamentarios solicitaron al organismo indagar por posibles sobornos o cohechos en los que habría participado el entonces gerente de Caval Mauricio Valero.
Patricio Cordero, militante de la UDI y ex generalísimo de Joaquín Lavín, declaró ante el fiscal Luis Toledo que el socio de Natalia Compagnon en Caval, Mauricio Valero, pagó 20 millones de pesos a un funcionario para adjudicarse un concurso público relacionado con los servicios informáticos de tres hospitales del país.
Se inició la carrera para reemplazar al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien dejará su cargo después de ocho años a la cabeza del Ministerio Público. Uno de los aspectos que mayor polémica ha generado en medio de la designación tiene que ver con la candidatura del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, que hasta esta semana investigaba el “Caso Caval”.
Al respecto, Marcela Sabat (RN) indicó que la medida es necesaria ya que ha existido una falta de respuesta por parte de las autoridades.
Pese al impacto del Caso Penta y la formalización de algunos de sus dirigentes más emblemáticos, la derecha ha conseguido reposicionarse e instalar en la opinión pública temas propios de su agenda. Su poder mediático y la incapacidad política del Gobierno asoman como las responsables de esta situación.
La postulación de Luis Toledo, fiscal a cargo del caso Caval, podría abrir la posibilidad de que la Presidenta Michelle Bachelet decidiera inhabilitarse. Sobre esto reflexionaron representantes del Gobierno y de la Nueva Mayoría.
Invitado a entregar su testimonio a la Comisión Investigadora del caso Caval, en la Cámara de Diputados, el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que en el gobierno “somos los primeros y más interesados en el total y pleno esclarecimiento de los hechos”, y reiteró su mea culpa sobre la versión entregada en relación con el supuesto protocolo que exigía borrar la información del PC de Sebastián Dávalos.
La comisión investigadora del caso interrogará al vocero de Gobierno sobre la información extraviada desde el computador de Sebastián Dávalos.
Después de una mala semana, marcada por encuestas y nuevos antecedentes en los casos Caval y SQM, expertos y políticos aseguran que este el único camino que le queda La Moneda. Sin embargo, hasta el momento, esas leyes no son más que anuncios desarticulados.
Parlamentarios miembros de la comisión investigadora del caso Caval, si bien valoraron el mea culpa del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, hicieron énfasis en la gravedad del hecho que funcionarios de Palacio le hayan entregado información errónea al Ministro. Además, hicieron énfasis en el daño que Sebastián Dávalos continúa haciendo a la imagen de la Presidenta Bachelet.
El vocero de Gobierno explicó por qué señaló que la información del computador de Dávalos fue borrada por “protocolo”, versión desmentida por el jefe de informática de Palacio quien expresó que esta acción se realizó a petición del propio hijo de la Presidenta.
Contraviniendo la versión entregada por Marcelo Díaz respecto de la existencia de un “protocolo” que obliga a formatear los computadores que funcionarios públicos dejan de ocupar, se dio a conocer la existencia de un Decreto de 2005 que prescribe el respaldo anual de la información.
