El martes pasado el diputado socialista Leonardo Soto presentó una indicación que sugería la posibilidad de que los delitos de cohecho no requirieran probar la contraprestación -el favor a cambio del soborno- para ser penados. La comisión mixta rechazó la indicación con votos del oficialismo y la oposición. Soto insiste en que no se rendirá.
Este lunes el Fiscal Pablo Gómez, concretó la solicitud de desafuero del senador DC, Jorge Pizarro, para continuar con la investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas. Se espera que presente acusaciones por soborno, cohecho y delitos tributarios.
A diferencia de otros países, Chile se perfila como uno de las naciones que menos penaliza la corrupción. Hoy, está en pleno desarrollo el Caso Penta, un litigio judicial donde la propia fiscalía intenta librar de tales delitos a importantes empresarios nacionales.
Desde la fundación criticaron la reforma al Código Penal en materia de cohecho y soborno. Afirmaron que las penas seguirán siendo menores, y que “las posibilidades de que la persona investigada tenga incentivos a colaborar activamente para evitar una sanción de cárcel son muy bajas”.
En el caso que intenta condenar al ex ministro por supuesto cohecho y soborno, el abogado indicó que el comportamiento del fiscal Pablo Gómez ha sido “errático”. “Lo único que vale es lo que ocurra de manera formal”, expresó.
Según señalan ciertos trascendidos, el fiscal Manuel Guerra habría sostenido reuniones con las defensas de Délano, Lavín y Wagner para que los acusados puedan acceder a un procedimiento abreviado. El acuerdo, según lo que se sabe hasta ahora, implicaría una recalificación de los hechos objeto de la investigación.
En fallo unánime de la Séptima Sala del Tribunal de Alzada de Santiago, se confirma la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de aprobar la suspensión condicional del procedimiento en la causa contra la empresa minera.
Depurar el alto mando de la institución e incorporar civiles al sector financiero serían las dos primeras medidas tomadas por el director de carabineros para evitar nuevos fraudes. Así lo informaron diputados oficialistas, después de entrevistarse con el máximo representante de la institución, Bruno Villalobos.
Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, declaró la inadmisibilidad de la querella presentada por el director general de la institución, Bruno Villalobos. La resolución se emitió en el marco de las investigaciones por los posibles delitos de fraude, cohecho y malversación ocurridos al interior de Carabineros. Según declara el documento, Villalobos carece de legitimación activa para hacerse parte del caso.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
Las declaraciones fueron hechas en el marco del anuncio de la querella que presentará el diputado Hugo Gutiérrez contra la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, por la arista Asipes del Caso Corpesca.
En el marco del litigio entre el Estado chileno y el dueño del diario Clarín, una solicitud de la defensa de Víctor Pey exige que el Estado aclare la relación con el estudio de abogados de dos de los jueces arbitrales de la última resolución del tribunal durante la tramitación del caso.
La fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, podrá solicitar la formalización del senador de la UDI. “Esto marca un antes y un después, ya que la mayortía de las personas cree que los senadores son intocables”, señalaron organizaciones de pescadores artesanales.
Luego que se confirmara el ingreso de la moción de nulidad de la cuestionada norma a la Comisión de Constitución, el diputado de la Izquierda Ciudadana, en conversación con Radio Universidad de Chile, exige que el Ejecutivo aclare esta contradicción. “A igual propósito, igual disposición”.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, calificó como un error los delitos cometidos por el senador Orpis y acusó desigualdad de trato por parte de la Fiscalía. “Es una estrategia para hacer pasar delitos por errores, pero tal como un portonazo, este es un delito y no un error”, señaló el analista Alejandro Olivares.
El senador UDI es investigado por los millonarios pagos que recibió de la pesquera del grupo Angelini, pero aseguró que no ha cometido delitos. “Nadie me ha comprado”, sostuvo.
La solicitud busca determinar las responsabilidades de los jefes comunales y 16 personas más en la investigación por la licitación de recolección de residuos. Ahora, se espera que la justicia determine la fecha de la formalización.
