El Ministerio Público imputará a los implicados por administración desleal, fraude al fisco; cohecho, por convenios sostenidos con la empresa Best Quality, y delito concursal por el ocultamiento de bienes de la Achifarp.
El director de la Fundación Ciudadanía Inteligente y querellante en el caso de financiamiento ilegal de la política, explicó los motivos por los que Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami están siendo juzgados.
El ahora ex militante del Partido Republicano, señaló en un video que su idea era conseguir los apoyos económicos a modo de contrato para asumir en el Parlamento. “Si me quieren contratar, bueno, tendré que rendirle cuenta al patrón”, afirma el ahora diputado electo.
El otrora parlamentario fue condenado, en diciembre del año pasado, por fraude al fisco y cohecho entre los años 2010 y 2015, por lo que en abril fue condenado a más de seis años de prisión. Este jueves la Justicia rechazó su apelación.
La indagatoria buscará determinar si existe el delito de cohecho en el negocio que vinculó al jefe de Estado con Carlos Alberto Délano.
Por su parte, el Tercer Tribunal Oral de Santiago condenó a la ex diputada Marta Isasi por uno de los tres delitos de cohecho que acusó el Ministerio Público y la absolvió de delitos tributarios debido a que el SII no perseveró en su acusación.
El titular de Economía -y ex subsecretario del MOP- deberá declarar ante la Fiscalía de Alta Complejidad en calidad de testigo. Por su parte, el ministro (s) de Obras Públicas prometió castigos de comprobarse los hechos que involucrarían a Palacios y a un ex diputado UDI.
Además de la presidenta del gremialismo, la fiscalía requirió al diputado RN Frank Sauerbaum por su presunta responsabilidad en delitos de cohecho y fraude al Fisco, por eventuales aportes económicos recibidos desde la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes)
La Cámara Baja aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código Penal, elevando las penas para este tipo de delitos, y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Francisco Mujica admitió su culpabilidad en las coimas que se pagaron desde la empresa del grupo Angelini en beneficio de Jaime Orpis y a la exdiputada UDI Marta Issasi. Previo a esta audiencia, el tribunal suspendió la preparación de juicio oral contra los exparlamentarios, ya que aún está pendiente el sobreseimiento que pidió la defensa de Orpis ante la Corte de Apelaciones. El abogado querellante, Mauricio Daza, destacó las pruebas contundentes en la causa para obtener condenas en el juicio oral.
El martes pasado el diputado socialista Leonardo Soto presentó una indicación que sugería la posibilidad de que los delitos de cohecho no requirieran probar la contraprestación -el favor a cambio del soborno- para ser penados. La comisión mixta rechazó la indicación con votos del oficialismo y la oposición. Soto insiste en que no se rendirá.
Este lunes el Fiscal Pablo Gómez, concretó la solicitud de desafuero del senador DC, Jorge Pizarro, para continuar con la investigación por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas. Se espera que presente acusaciones por soborno, cohecho y delitos tributarios.
