Entre las redacciones en las que ya se está trabajando, expertos y consejeros destacaron aquella relativa a la norma de expulsión de migrantes. Por otra parte, agrupaciones sindicales y empresariales comienzan a tomar postura sobre el texto.
El académico de la Universidad Diego Portales evaluó el trabajo de la Comisión Mixta y comentó que el proyecto pronto a plebiscitar “está un poco zanjado en términos gruesos”. Además, advirtió sobre una eventual polarización en torno a la propuesta.
En el oficialismo acusaron de limitar el tiempo de las intervenciones para abordar las normas no resueltas por el Consejo. Mientras, en la oposición apuntaron a la necesidad de participar en igualdad de condiciones a los distintos sectores políticos.
“Daremos todas las garantías de la mayor ecuanimidad y transversalidad para que tengamos un amplio espacio de debate”, expresó el gremialista sobre el trabajo del organismo. Mientras en el oficialismo apuestan por hacer “control de daños”.
La instancia conformada por seis expertos y seis consejeros deberán plantear soluciones a las 32 observaciones que no lograron ser aprobadas ni rechazadas por el Pleno del Consejo. Se espera que esta jornada definan su horario de funcionamiento.
Desde el oficialismo señalan que la aprobación de las enmiendas ingresadas por republicanos con el apoyo de Chile Vamos, generó un ambiente tensionado por medidas que apuntan a retroceder en derechos en términos individuales y colectivos.
Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, que los expertos sean electos y eliminar la comisión mixta, son algunas de las modificaciones solicitadas. El partido que más cambios ingresó, fue el Partido Republicano con 43.
Entre las materias respaldadas están la reposición de recursos para el Ministerio del Interior, INDH, Conaf y Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
La Cámara de Diputados aprobó la mayoría de los recursos repuestos en el Senado la semana pasada. Sin embargo, no hubo acuerdo respecto del ministerio que encabeza la ministra Camila Vallejo. También se rechazó una partida del Mineduc.
Tras solicitar la suspensión de la comisión mixta de este lunes, el Ejecutivo aún no logra arribar a un acuerdo que le permita concitar los 3/5 de ambas cámaras para su reforma constitucional, lo que terminó con la breve licencia que otorgó la DC.
La jefa del comité PC, FRVS e Independientes aseguró que su sector está en ánimo colaborativo con el Gobierno para efectos de que la medida garantice, efectivamente, mayor seguridad y que a la vez se resguarde la integridad de las comunidades.
La iniciativa busca crear una figura similar a la del Estado de Excepción que permita la militarización en rutas, pero sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas tales como el libre tránsito y la libre reunión.
El informe ahora debe ser aprobado por la Comisión de Hacienda y las salas de la Cámara y del Senado para que quede lista para ser promulgado el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos.
A semanas de que el actual Congreso cese sus funciones y dé paso a la renovación de sus integrantes, la institución alerta el lento avance en proyectos de ley como el que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Son 18 los artículos en controversia, los que una comisión técnica compuesta por los asesores de los legisladores, la Dirección General de Aguas (DGA) y el ex director de la DGA Carlos Estévez, dividió en 4 grupos: consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia; aguas del minero; características de las concesiones; otros no agrupables. Según la comisión, hay acuerdo en 16 de los 18 temas a abordar.
Dentro de las definiciones se estableció que las parejas del mismo sexo que estén casadas sí podrán adoptar hijos, pero no está permitido el llamado vientre de alquiler.
Con la disposición emanada por el presidente Piñera, la Cámara de Diputados y Diputadas podría votar el proyecto esta semana. Desde la vereda de la oposición, la diputada del FRVS, Alejandra Sepúlveda, consideró sospechosa la determinación del ejecutivo en cuanto “él sabe que no estarán los votos y se perdería”.
