Entre ellas figura una acción penal en contra de la banda criminal dominicana Los Trinitarios, por operaciones vinculadas con la compra de criptomonedas que adquirían con el dinero obtenido de sus actividades criminales.
El edil Gerardo Espíndola (PL) crítico el centralismo con el que se ha abordado la crisis de seguridad. “Chile tiene el problema de no entender que la puerta de la casa tiene que estar protegida y segura”, apuntó.
El académico de la UTEM e investigador del COES valoró la reunión del Gobierno con parlamentarios en Cerro Castillo. Pero, criticó que persista la mirada “punitiva” ante la crisis de seguridad y que se siga dilatando la Ley de Inteligencia Económica.
La jefa de gabinete destacó que se han efectuado reiterados golpes contra grupos delictuales. Respecto de la reunión, los legisladores la calificaron como “franca” aunque “a ratos tensa”, pero que sirvió para transparentar posiciones.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado destacó la necesidad de un control más riguroso de armas y contrabando en las fronteras y puertos, y exigió recursos urgentes para las instituciones encargadas de seguridad y inteligencia.
El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de Chile criticó que la clase política vincule todos los delitos con el crimen organizado. Así, llamó a realizar un análisis mesurado de la situación sobre los crímenes recientes.
Los efectivos se desplegarán en puntos con mayor tránsito de personas como centros comerciales, intermodales, estaciones de metro o paraderos de transporte público. Esta acción es parte de los anuncios del Gobierno tras la ola de homicidios en la RM.
La alcaldesa de La Pintana, quien está en el grupo de ediles que recibe protección policial por las amenazas que ha recibido del crimen organizado, aseguró que la narcopolítica “implica muchas conductas que no son delitos” y que deberían regularse.
Según Patricia Ibarra, el nivel de ingreso de causas que tiene Fiscalía es mucho más elevado de lo que se proyectó cuando comenzó la reforma procesal penal hace más de 20 años.
La presidenta de la Comisión de Probidad relevó que las bandas criminales cometen delitos no solo por “una visión sádica”, sino que también con un fin económico. Para ello, necesitan una institucionalidad débil que no cumpla las normativas
Si bien el jefe comunal de Huechuraba valoró el anuncio de una nueva cárcel de alta seguridad, lamentó la poca comunicación entre las autoridades y los municipios. “No hay conocimiento de la realidad territorial”, sostuvo.
El Juzgado de Garantía de Colina determinó la medida cautelar -solicitada por la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)- para los tres detenidos involucrados.
Iván Flores adelantó que si bien ya se aprobó la creación del Subsistema, las normas restantes por levantamiento del secreto bancario “serán claves para avanzar hacia la trazabilidad del dinero ilícito y el crimen organizado”.
El ministro Luis Cordero expresó que existen más denuncias sobre casos de corrupción en la institución penitenciaria y que “hay investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad y que están en proceso”.
Daniela Dresdner también afirmó que los problemas de seguridad en la región no están relacionados con las reivindicaciones de tierra. Y explicó que luego del crimen contra los tres uniformados hay un reforzamiento de las policías y las FF.AA.
El fiscal Ángel Valencia destacó los avances en la gestión del período 2023, pero hizo énfasis en la necesidad de modernizar el sistema penal. Además, relevó la importancia de sacar adelante el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público.
El máximo tribunal consideró que se vulneraron las garantías de los imputados, porque en la audiencia de factibilidad técnica no se le entregó a las defensas la información sobre los motivos para realizar esta etapa penal de manera remota.
