La militante de RD declaró en calidad de testigo el 5 de octubre ante la PDI por la asignación directa de dinero en el marco de tres convenios por un total de $426 millones, entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
La vocera de Gobierno destacó que “esto tiene que llegar a todas las consecuencias, caiga quien caiga”. Minutos después de la detención del representante legal de Democracia Viva, el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, también fue arrestado.
El secretario general del Partido Socialista aseguró que la colectividad no se ha visto golpeada por la crisis. En cuanto a posibles escenarios tras el plebiscito, descartó impulsar un proceso constitucional en caso de que gane la opción En contra.
De acuerdo a La Tercera, el fiscal Cristián Aguilar indaga a Verónica Serrano por apurar la firma de convenios con fundaciones para, según ella, cumplir con la ejecución presupuestaria del programa que encabezaba en esa época.
Desde Comunes, Marco Velarde reconoció que existen diferencias entre el Socialismo Democrático y el FA, pero aseguró que siempre defenderá a los funcionarios de Gobierno. Desde el Ejecutivo, llamaron a “pasar de las controversias a las soluciones”.
En la ceremonia se reunió con el presidente de RD, Diego Vela, y militantes del partido ligados al Gobierno como la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
El presidente de la CEI del “Caso convenios”, Jose Miguel Castro, fue más allá y declaró que “como no podemos cambiar al Presidente de la República, obviamente tiene que haber un cambio de gabinete serio”.
Montes ya instruyó al actual seremi de Vivienda de la región investigar la existencia de algún registro sobre el documento. En tanto, Vallejo acusó que la declaración de Carlos Contreras se ejecuta en el marco de una “estrategia jurídica”.
Las afirmaciones de Carlos Contreras dejan en entredicho las declaraciones del jefe del Segundo Piso de La Moneda, quien sostuvo que conoció el caso a través de “un rumor”. “Eso es mentir”, acusó el diputado José Miguel Castro (RN).
Tras una orden de la Fiscalía de Tarapacá, este jueves la Brigada Anticorrupción de PDI realizó un allanamiento de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de las investigaciones por el “Caso convenios”.
El titular de Vivienda y Urbanismo abordó las últimas declaraciones de la diputada Catalina Pérez en relación al caso de Democracia Viva. Además, dijo que tiene indicios de que situaciones similares pudieron repetirse a finales del gobierno anterior.
Cinco meses después de revelarse el escándalo de Democracia Viva, la diputada (suspendida de su militancia en RD) habló por primera vez en profundidad sobre el caso.
Se detectó que la unidad no cuenta con instructivos formales respecto de asignaciones directas, no exigía cauciones o boletas de garantía y carece de procedimientos para la selección de las entidades que ejecutan los proyectos.
Por cuestionamientos a la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, la vocera respondió que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias”.
El contralor Jorge Bermúdez concurrirá hoy a las 11.00 horas a la comisión de diputados que investiga los traspasos de recursos del fisco a las ONGs, y dará a conocer los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 seremis de Vivienda.
Esta es la segunda vez que el jefe de asesores de La Moneda se ausenta de la instancia para dar cuenta de su rol como exSubdere en el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura.
Por orden de la entidad fiscalizadora, el titular de Vivienda dio a conocer que la cartera creó un “Manual de Convenios” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región.
