Mientras parlamentarios cuestionan la norma que permitiría administrar ahorros para vivienda y pidieron explicaciones a la Superintendencia, otros solicitaron un fiscal exclusivo para indagar posibles delitos de ejecutivos de las AFP.
Parlamentarios de oposición señalaron que no basta con la fiscalización que anunció la Superintendencia de Pensiones ni con las acciones del Congreso, por lo que instaron al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para compensar a los afectados.
Los diputados Santana y Cicardini, junto a autoridades locales y sindicatos de Codelco División Salvador, solicitaron claridad sobre la continuidad de las operaciones y alertaron por sus consecuencias para el empleo y la minería regional.
Desde el Partido Comunista hasta la UDI criticaron la decisión de dejar sin financiamiento la iniciativa que entrega computadores a estudiantes de 7° básico. Por su lado, el Gobierno argumentó que las Becas TIC no contribuyen a los aprendizajes.
El subsecretario Pavez relativizó el 52% de desaprobación y llamó a confiar en el rumbo del Gobierno. La oposición leyó los números como un “descontento” producto de los recortes en áreas como salud y advirtió que la ciudadanía demanda diálogo.
Las denuncias por el retiro de fondos desde cuentas de deudores del CAE desataron una fuerte controversia política. El oficialismo apuntó a la legalidad de los cobros y desde la izquierda presionaron por una mejor fiscalización.
Los diputados Juan Santana y Luis Cuello solicitaron una revisión de la declaración de patrimonio e interés del titular de Hacienda y lo llamaron a transparentar la información. Mientras, el Ejecutivo descartó que exista tal conflicto.
Parlamentarios de la oposición presentaron un requerimiento para que se revisen los documentos presentados por todos los miembros del gabinete. El diputado del FA, Jaime Bassa, aseguró que si hay una práctica institucionalizada, “es gravísimo”.
El posible freno en los traspasos de establecimientos al sistema de educación pública generó posturas divididas en parlamentarios y alcaldes. Mientras, el investigador del CIAE, Cristián Bellei, aseguró que el proceso “no amerita postergaciones”.
Parlamentarios solicitaron el pronunciamiento del ente contralor tras advertir que el proyecto podría beneficiar directamente a autoridades con alto patrimonio, y cuestionaron la probidad e imparcialidad en la tramitación de la iniciativa.
Entre los cuestionamientos, el diputado Santana (PS) apuntó al Mandatario por saltarse la discusión en el Congreso Nacional. Mientras, su par Boris Barrera (PC) catalogó la medida como “un plan” de cara al debate por la reforma tributaria.
A raíz del debate por la llamada iniciativa “de amarre”, desde la derecha afirmaron que harán “todo lo posible para evitar que se convierta en ley”. El Ejecutivo, en tanto, enfatizó que las acusaciones “están concebidas para una finalidad distinta”.
El presidente del PC cuestionó la gestión del exministro de Hacienda y también puso en duda los motivos de su salida. En respuesta, tanto el Ejecutivo como las directivas de partidos oficialistas dieron un nuevo espaldarazo a Marcel.
Los parlamentarios insistieron en que el acuerdo administrativo que los llevó al cargo quedó “superado” desde el momento en que el Frente Amplio perdió el liderazgo de la testera. Mientras, derecha exigió que cumplieran con su palabra.
Las bancadas de Evópoli, Republicanos y el Partido Nacional Libertario se opusieron a dar celeridad al proyecto. En tanto, el Gobierno anunció que no patrocinaría la iniciativa, pese al llamado de parlamentarios del oficialismo.
El parlamentario oficialista defendió que la proclamación presidencial propia con Paulina Vodanovic será un “buen ejercicio” para que el partido instale sus idea en el debate. “El o la ganadora será la candidata de toda la coalición”, recalcó.
Para el economista Andras Uthoff, sin definiciones respecto al destino del 6% de cotización adicional y la división de la industria, no se puede hablar de una reforma estructural. En el oficialismo apuntaron a los condicionamientos de la derecha.
