El pasado jueves la Cámara de Diputados debatió las modificaciones hechas a la Ley Antiterrorista, cuerpo legal que para un grupo de diputados de la Nueva Mayoría sólo busca legitimar la represión en contra del pueblo mapuche. “Este proyecto es la herramienta para perseguir al pueblo mapuche”, aseguró la diputada del PPD Cristina Girardi.
El werkén del Consejo de Todas las Tierras indicó que el marco legal se ha aplicado de manera desmedida en La Araucanía. En tanto, señaló que “los múltiples hechos que se investigan a través de la Ley Antiterrorista y el escaso número de condenas, da cuenta de la ineficacia y la inutilidad de la normativa”.
De acuerdo a un informe del INDH conseguido en exclusiva por Diario y Radio Universidad de Chile, desde el año 2000 hasta 2014 se han registrado 19 casos, 108 imputados y tan sólo una condena producto de la aplicación de la Ley Antiterrorista. ¿El motivo? La inadecuada tipificación de lo que se entiende por terrorismo en Chile. La validez de esta normativa nuevamente se pone en discusión cuando desde el Senado surge la iniciativa de contemplar la figura de terrorismo individual.
La nueva Ley Antiterrorista, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional, es parte de la lista de 48 iniciativas que el Gobierno espera aprobar antes de que culmine el mandato de Michelle Bachelet. La medida estaría orientada a perseguir a sujetos que cometen ilícitos de esta naturaleza y que no se amparan en organizaciones terroristas.
En el marco del atentado al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, reflotaron las críticas a la normativa creada en 1984 bajo la dictadura cívico militar. Luego de que el Fiscal Nacional señalara que la ley “no entrega grandes ventajas”, distintos especialistas recordaron que el documento permite el uso de “testigos sin rostro”, restringe el acceso a las medidas cautelares y extiende períodos de prisión preventiva.
El nivel de secretismo que estamos dispuestos a tolerar en los procesos judiciales en el marco de la Ley Antiterrorista, es la preocupación planteada por el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Jaime Winter, sobre las reforma a este cuestionado cuerpo legal. “Eso es gravísimo desde el punto de vista del derecho a defensa de los imputados”, señaló.
El diputado demócrata cristiano criticó las indicaciones incorporadas en la Agenda Antidelincuencia y el proyecto de Ley Antiterrorista calificándolas como un intento de la Cámara Alta de protegerse de las investigaciones por corrupción. “Estas normas solo generan más rabia en la ciudadanía”, indicó.
Expertos y estudiantes insisten en sus cuestionamientos a la Agenda Corta Antidelincuencia, mientras que algunos parlamentarios oficialistas -que anunciaron el rechazo a la iniciativa- sostienen diálogos con el Ejecutivo para analizar el futuro del proyecto que está en tercer trámite legislativo.
El diputado criticó la moción presentada por Chile Vamos y que busca “perfeccionar” esta legislación y que se introdujo en paralelo al texto que presentó el Ejecutivo y que se encuentra en el Senado. “Es una duplicidad de trabajo que no tiene sentido”.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró su rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista, en el marco del juicio que se está llevando a cabo en contra de los imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mckay: “Creemos que esta ley no garantiza el debido proceso”, aseguró.
Diez comuneros mapuche se mantienen en prisión preventiva luego de la detención efectuada este miércoles, en la región de La Araucanía, por su presunta responsabilidad en el ataque incendiario que dio muerte al matrimonio Luchsinger Mackay. Desde la defensa aseguraron que no hay antecedentes que ameriten la prisión preventiva ni una condena contra los detenidos. Mientras, distintas organizaciones mapuche y de estudiantes convocaron a actividades, en Temuco y Santiago, en rechazo a las detenciones.
Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos muestra que la criminalización de los defensores de DD.HH. sigue siendo un problema en toda América Latina, a pesar del impulso dado por la Corte Interamericana en el fallo que condenó a Chile por utilizar la Ley Antiterrorista.
