El diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, dijo que el informe de Contraloría sobre el Hospital Gustavo Fricke es “contundente”, pues reveló las inconsistencias entre los registros locales del recinto y los datos de la plataforma SIGTE.
Respecto a las irregularidades registradas en distintos hospitales y a la antigüedad del sistema SIGTE, la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario Osvaldo Salgado apuntaron a la interoperabilidad como eventual solución.
La titular de Salud argumentó que fue el propio Osvaldo Salgado quien ordenó una serie de auditorías para detectar irregularidades al respecto. Asimismo, enfatizó en que “la primera responsabilidad” está en los hospitales.
El exministro coincidió con la actual titular de Salud, Ximena Aguilera, en que los errores se deben a un sistema antiguo y poco centralizado. Por ello, apuntó a la implementación de un procedimiento en que menos personas intervengan los datos.
En medio de los cuestionamientos a su figura, el encargado de redes asistenciales, Osvaldo Salgado, deslindó responsabilidades suyas y del Ministerio de Salud en el caso. “Se están realizando los sumarios administrativos pertinentes”, expresó.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explicó el impacto que sigue causando la pandemia en la Atención Primaria. Además, abordó la eliminación de más de 300 mil personas del listado de interconsultas del Hospital Sortero del Río.
El ex ministro de Salud apuntó a que para evitar este tipo de casos en el futuro, se tiene que cambiar la forma en que se gestionan las listas de espera en general. A su juicio, se debería implementar un sistema más centralizado.
Una auditoría encargada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente reveló que algunas de las interconsultas fueron egresadas erróneamente. Esto a su vez provocó que pacientes no recibieran la atención requerida.
El legislador del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, acusó al Gobierno de una mala gestión del registro. Por su parte, el militante de Renovación Nacional, Andrés Celis, propuso declarar un estado de alerta sanitaria.
De acuerdo al ministro Marcel, este trabajo surge desde los planteamientos del Presidente Boric, que fueron desarrollados “en los últimos cinco meses en una mesa con representantes de todos los partidos políticos, con la excepción de republicanos”.
El presidente de la Fenats Unitaria, Ricardo Ruiz, afirmó que “no es posible la desvinculación de 6.300 trabajadores que son necesarios para el fortalecimiento de la salud pública”.
Ana María Gazmuri y Juan Luis Castro llamaron al Presidente Gabriel Boric a intervenir en la medida que significará la desvinculación de unos 6 mil trabajadores de los recintos hospitalarios.
