El ministro defendió la legalidad del decreto y rechazó las críticas de la UDI. Además, aseguró que el Ejecutivo actúa en el marco del Estado de derecho para resolver un «desafío humanitario». «Es fácil criticar, distinto es buscar soluciones», dijo.
Según los antecedentes, el predio abarca un total de 215 hectáreas, de las cuales aproximadamente 100 serían adquiridas por esta vía. En paralelo, se mantiene vigente el plazo judicial para el desalojo del predio.
Protagonizada por Antonella Bravo y un elenco coral que incluye a Benji Gramitos y Paola Lattus, refleja la vida en los márgenes con crudeza y ternura. Lo anterior, en el segundo largometraje de Juan Cáceres, director de «Perro Bomba».
Además de abordar las implicancias y problemas ante un eventual desalojo, en la instancia los propietarios pidieron que la operación sea financiada por BancoEstado, ante lo que el ministro de Vivienda aceptó.
La falta de acuerdo en la tasación del terreno se debió, principalmente, a que el valor exigido por los propietarios triplicaba la evaluación técnica del Minvu. Sin embargo, los dueños aseguran que accedieron a un monto inferior al comercial.
La entidad espera que el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los dueños del sitio de la megatoma de San Antonio llegue «a buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado, para no incentivar nuevas tomas de terreno».
La medida beneficia a unas 10 mil personas que habitan en el asentamiento de San Antonio. El fallo se da de forma independiente al “Protocolo de Acuerdo” suscrito entre el Gobierno, los dueños del terreno y el municipio.
El ministro de Vivienda y Urbanismo aseguró que el pago de los terrenos lo deben cubrir quienes habitan la toma de San Antonio. Insistió que la erradicación hubiese generado «un problema social mayor».
Dentro del acuerdo se contempla la conformación de una comisión técnica integrada por un representante de los dueños, el ministerio de Vivienda y el municipio de San Antonio.
Durante el fin de semana, una serie de encuentros entre el Gobierno y los ocupantes dio como resultado la creación de las primeras 16 cooperativas, que agrupan a cerca de dos mil familias interesadas en adquirir el terreno.
Ante la compleja realidad de numerosas familias que viven en campamentos, el académico afirma que «reconocer que se trata de situaciones de vulneración de derechos es la forma de poner en relieve la multidimensionalidad del problema».
El lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, les presentará una nueva tasación a los propietarios de los terrenos. La apuesta es convencerlos de que les vendan a las cooperativas de pobladores.
El abogado representante de los propietarios vinculados a inmobiliaria y constructora San Antonio, puso en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita postergar el desalojo.
A una semana para que se produzca la ejecución de la orden de desalojo, distintos actores de Valparaíso han manifestado su preocupación y apoyado una salida pacífica al problema que involucra a miles de personas.
El Gobierno citó a una nueva reunión con las partes involucradas en la resolución judicial. Mientras, habitantes de la ocupación se organizan para reaccionar al inminente despeje del lugar y lograr soluciones habitacionales definitivas.
