La futura ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, también criticó la tramitación de la normativa e indicó: “Nos parece indispensable que el Senado rechace el proyecto para poder reformularlo y mejorar todas las deficiencias que actualmente presenta”.
A través de una carta pública, los firmantes lamentaron la posición de senadores de su colectividad que criticaron duramente el acuerdo para buscar una reforma al Poder Legislativo. Señalan que quienes ostentan cargos de poder no pueden usarlos para presionar o alterar el curso del debate de la Convención Constituyente.
El convencional de RN expuso los argumentos, que a su juicio, relevan la necesidad de mantener la Cámara Alta en el diseño del Congreso Nacional que se fragua en el órgano redactor. Al respecto, subrayó que su eliminación radicará en la concentración del poder tanto de la Región Metropolitana como de los gobiernos de turno.
Si bien el analista político dijo no ver en el sistema unicameral un impedimento para desarrollar la actividad legislativa, tampoco observa en él una fórmula que vaya a proporcionar más rapidez o agilidad de la tramitación de las leyes. A su modo de ver, eso se define más por los procedimientos que por el esquema del Congreso.
El senador electo Juan Luis Castro señaló que no habrá voluntad en la corporación de aprobar las iniciativas que surjan desde el Ejecutivo mientras existe una disposición de terminar con el Congreso bicameral. En contrario, el diputado y también senador electo Daniel Núñez, reiteró estar de acuerdo con modificar la estructura del Legislativo.
Dentro de este contexto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que no descartan solicitar una nueva prórroga de la polémica medida pese a que le correspondería al gobierno entrante implementarla.
El Colectivo Socialista en la Convención asumió el rol de defender las dos Cámaras del parlamento con Muñoz a la vanguardia de esa pugna que ahora deberá resolver el pleno. Al respecto el abogado aseguró que buscarán concitar las mayorías mediante el diálogo basado en argumentos, arguyendo los perjuicios que provoca en las regiones la unicameralidad.
Senadores del sector cuestionaron que diputados de la derecha sigan mirando este tema como un asunto delictual. Asimismo, defendieron la constitucionalidad de la iniciativa que busca aplicar esta medida a los denominados presos del estallido social.
La iniciativa busca aplicar un gravamen a las empresas que exploten cobre o litio para beneficio del Estado. Ahora debe ser revisado por la comisión de Hacienda del Senado.
El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.
Si bien se esperaba que el proyecto de amnistía fuese despachado este martes a la sala del Senado, la comisión de Constitución sesionó sólo hasta acotar el catálogo de delitos. Una dilación respecto a la cual se responsabiliza a los senadores del oficialismo pero particularmente al presidente de la instancia, Pedro Araya.
De ese modo, la Cámara Alta votó hasta total despacho ambos proyectos de ley que contemplan la reforma en materia de pensiones y que pasarán por el hemiciclo de los y las diputadas la jornada de este miércoles.
La Cámara Alta revisa en estos momentos el proyecto de ley que contempla la fórmula de financiamiento de la PGU para efectos de despachar ambas iniciativas al hemiciclo de los y las diputadas.
La idea es que sea votada por la sala previo al cambio de gobierno y la renovación de gran parte del Congreso, superando así primer trámite constitucional, etapa que hasta hoy no ha ocurrido con ningún otro proyecto de protección de glaciares.
Tanto el boletín que contempla la creación de la Pensión Garantizada Universal como la que considera la fórmula de financiamiento fueron remitidos al pleno del Senado donde serán votados hoy luego que se reciba el informe de la Comisión. De aprobarse en dicha corporación, las iniciativas de ley pasaran nuevamente a la Cámara Baja.
El economista de la Fundación Sol reiteró el llamado a hacer este aumento en vez de promover la PGU. Además, señaló que aún con la modificación del Ejecutivo sobre la fórmula de financiamiento mediante eliminación de exenciones, la recaudación sigue siendo insuficiente para efectos de sostener estructuralmente el proyecto.
Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicó que el beneficio ha funcionado de manera intensa durante este último año y que de continuar al mismo ritmo podría acabar con los recursos el próximo mes de marzo provocando un aumento “inmediato” de unos 100 pesos por litro de los derivados del petróleo.
