Luego de la impugnación que estableciera el Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad para la educación superior, actores sociales de la educación hicieron un llamado al Gobierno a determinar lo antes posible el modelo de financiamiento que regirá en 2016.
La medida fue celebrada por parlamentarios que impugnaron el presupuesto para gratuidad.
Mientras, la diputada Camila Vallejo calificó la decisión como repudiable.
Este jueves se realizaron los alegatos relativos al requerimiento que impugna aspectos de la glosa presupuestaria con la que el Gobierno pretende iniciar la gratuidad universitaria. La abogada del Gobierno, Paulina Veloso desestimó que los requisitos para que los establecimientos accedan a la gratuidad resulten discriminatorios, señalando que el verdadero motivo de la presentación es político, pues la derecha nunca ha estado de acuerdo con el derecho a educación gratuita.
Rectores, estudiantes y representantes del oficialismo y la oposición, entre otros, plantearán sus argumentos antes que la entidad falle sobre la política que el Gobierno pretende implementar a través de la Ley de Presupuesto.
El conglomerado de la oposición, Chile Vamos, alista para esta semana los alegatos por la impugnación a la glosa de gratuidad ante el Tribunal Constitucional y la votación de acusación constitucional en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo.
Ahora, tendrá diez días para definir el fondo de la querella y determinar si es inconstitucional garantizar la gratuidad vía Ley de Presupuesto
Decisión del Tribunal Constitucional de revisar la glosa que implementa derecho a gratuidad no solo generó reacciones desde el duopolio político. También entre los diversos actores de la educación superior. Entre los estudiantes advirtieron que “ese tipo de discusión, dónde no está presente la sociedad, debería tener su fin en esta etapa”.
El director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente se refirió al avance de la agenda de probidad y transparencia del Gobierno en el marco de la presentación del “Observatorio Anticorrupción” a cargo de la entidad a la cual pertenece.
Fuertes críticas entre diputados y organizaciones medioambientales provocó la aprobaciónpor parte de la Cámara Alta del Decreto Ley 701, que desde hace 40 años entrega fondos del Estado a las actividades de las empresas forestales. Esto en medio de los coletazos que ha provocado el llamado “Cartel del confort”, que implicó la colusión entre una de las más grandes forestales del país, CMPC y la sueca SCA.
Preocupación manifestaron parlamentarios de la Nueva Mayoría frente a la posibilidad de que las reformas estructurales que actualmente se están analizando en el Congreso, puedan ver su destino torpedeado desde el Tribunal Constitucional (TC).
La iniciativa ya superó el primer trámite constitucional en el Senado y forma parte de la agenda de probidad y transparencia anunciada por el Ejecutivo.
El experto constitucional y asesor de la oposición en el Tribunal Constitucional conversó con Radio Universidad de Chile. A pesar de que los fallos han sido negativos para la coalición que representa, el abogado defendió que el TC se haya politizado en el último tiempo.
Luego de su segundo día de sesión, el abogado Miguel Ángel Fernández y la ex ministra, Paulina Veloso expusieron las posiciones de la oposición y el Gobierno respectivamente sobre el proyecto de inclusión. Por su parte, Hernán Herrera, presidente de la CONACEP aseguró que el Tribunal tiene una obligación moral en este requerimiento.
En enero de este año, senadores de oposición presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante algunos puntos de la Reforma Educacional. Hoy diferentes actores presentaron sus posiciones desde el TC, bajo la mirada del abogado, Fernando Atria, quien afirmó que ésta es solo una herramienta de la derecha para bloquear los proyectos.
Con la medida, el Fiscal Nacional busca acelerar la revisión de los documentos tributarios de SQM, con el fin de detectar irregularidades cometidas entre los años 2009 y 2014.
La noticia fue confirmada este martes, en medio del proceso iniciado por el Ministerio Público, que busca determinar el financiamiento irregular de campañas políticas a través de boletas ideologicamente falsas.
Según abogados constitucionalistas y algunos parlamentarios los argumentos presentados por el senador de la UDI, Hernán Larraín, en el contexto del requerimiento que interpuso ante el Tribunal Constitucional por la reforma al sistema electoral, serían insostenibles y carentes de todo sustento jurídico, y es solo una muestra de la derrota que sufrió la Alianza en el Parlamento.
