A más de dos años en que los presos detenidos en el contexto de la protesta social de 2019, aún se encuentra bajo prisión preventiva y sin un juicio que dictamine su sentencia, la Comisión Chile de DDHH interpeló a los poderes del Estado.
La sentencia fue dictada esta mañana por el Tribunal tras haber declarado culpable a Bustos de lanzar el objeto portador del fuego que provocó el incendio estructural de la estación.
Esta semana la ACES depuso la toma de la sede del INDH y excluyó a su director de las conversaciones, cuando la Subsecretaría de DD.HH. respondió al petitorio entregado por secundarios que exigen reparación para las víctimas del estallido social.
La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso, y ordenó al juez del 7º Juzgado de Garantía que “se abstenga de intervenir en la causa respectiva, mientras no se resuelva este incidente”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta abordó el anuncio del Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por no contar con los votos que permitan aprobar la iniciativa y la falta de comunicación con los senadores de la centro izquierda. “Es un error porque esa ley no beneficia a todas las personas que están involucradas”, aseguraron desde la Defensoría Popular.
En el marco de la liberación de tres reclusos de Santiago 1 -dos de los cuáles quedaron en condición de libertad vigilada intensiva- el vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Osvaldo Durán, abordó el que a su juicio, es el modo en que debe proceder el Gobierno para conceder justicia a quienes fueron detenidos y encarcelados en el contexto del estallido social.
El proyecto que fue remitido a sala considera objeto de amnistía a los hechos ocurridos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 y mandata al Ministerio Público a cerrar las investigaciones de los casos que no son objetos del beneficio.
Si bien se esperaba que el proyecto de amnistía fuese despachado este martes a la sala del Senado, la comisión de Constitución sesionó sólo hasta acotar el catálogo de delitos. Una dilación respecto a la cual se responsabiliza a los senadores del oficialismo pero particularmente al presidente de la instancia, Pedro Araya.
La indicación sustitutiva presentada por el senador Huenchumilla y declarada admisible en la Comisión de Constitución del Senado se encuentra bajo el cuestionamiento de organizaciones como las Madres de la Plaza Colón de Antofagasta. Adicionalmente, se ha señalado que el mecanismo jurídico aún necesitaría votos de la derecha para su aprobación.
Los consensos con el oficialismo respecto al proyecto de indulto están descartados en cuanto los legisladores se han mantenido firmes en condenar la violencia emanada de las protestas sociales. Por este motivo es que en la Comisión de Constitución del Senado se jugarán la última apuesta previo al fin del ciclo legislativo para reformar el proyecto de ley.
El Senado ha sido cuestionado por no tratar el proyecto de indulto a los denominados “presos de la revuelta” con sentido de urgencia. Si bien es poco probable que la iniciativa sea zanjada bajo la administración del Presidente Piñera, otro escenario se baraja con el próximo gobierno con medidas como el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado y la derogación de la ley anti-barricadas.
El abogado de la Defensoría Popular afirma además que se ha hecho uso abusivo de la prisión preventiva como una “condena anticipada”.
