Estos documentos, que podrían reflejar eventos como el bombardeo a La Moneda, fueron hallados en el contexto del proyecto interdisciplinario “Herencia Sísmica”.
Bajo el nombre “Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad”, el organismo denuncia la falta de avances en la rendición de cuentas por la respuesta estatal a la masiva movilización social de la población jujeña en 2023.
Así, el tribunal de alzada de Valparaíso confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella en contra del exinspector municipal de La Reina, Patricio Sánchez Márquez, por la muerte de un motociclista y las heridas causadas a otros tres.
Entre los fugitivos se encuentran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada y civiles integrantes de aparatos represores de la dictadura como la DINA, involucrados en casos como el de Littré Quiroga y Víctor Jara.
La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, criticó el informe aprobado por la Cámara Baja por “implicarse indebidamente en la práctica médica”. Además, instó al Minsal a elaborar normas para proteger el libre ejercicio de la medicina.
“Este informe representa un valioso aporte al debate público que el país debe tener a fin de superar un persistente cuadro de violencias”, recalcó la entidad.
Mientras siguen esperando respuestas del Estado chileno, el caso se mantiene presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de las condiciones de vida en el sector, los pobladores originales siguen luchando contra la toxicidad.
José Santiago Faúndez Sepúlveda fue sentenciado como autor del delito de violencia innecesaria causando muerte, a la pena única de 15 años de presidio efectivo por los hechos represivos que ocasionaron el fallecimiento del ciudadano ecuatoriano.
“Es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares: el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”, destacó la directora del organismo.
Ante la difusión de vídeos que evidenciaron la violencia policial durante el estallido social, organizaciones defensoras de derechos humanos se movilizaron en muestra de apoyo a las víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado.
Faride Zerán, Diamela Eltit, Alia Trabucco y otras personalidades nacionales se sumaron al llamado de este espacio dirigido a los postulantes a La Moneda. “Levantar la voz es un deber ético y político en defensa de la vida”, destacaron.
Para el INDH, la revelación de los vídeos del exfuncionario de Carabineros durante el estallido social confirman las denuncias que hicieron “desde el inicio de la crisis”. Por su lado, el Gobierno aseguró que la policía ha corregido sus protocolos.
En la presentación del informe “La situación de los derechos humanos en el mundo”, el organismo junto activistas y expertas alertaron sobre el uso político de temas migratorios y de seguridad en el actual proceso electoral chileno.
Desde el organismo evidenciaron su preocupación por el “efecto Trump” y las “prácticas autoritarias” impulsadas por diferentes líderes globales. Respecto a Chile, Rodrigo Bustos lamentó la impunidad en casos derivados del estallido social.
Siete registros publicados por CIPER muestran al exteniente coronel de Carabineros -acusado de cegar a Gustavo Gatica- amenazando, agrediendo y ordenando ataques directos contra manifestantes entre noviembre y diciembre de 2019.
En una emotiva ceremonia, la ministra Adriana Delpiano recordó al joven conscripto y destacó los cambios implementados tras su fallecimiento, mientras la investigación judicial avanza hacia la formalización de responsables.
