El ministro de Justicia remarcó que detrás de esta iniciativa que apunta a reconstruir la trayectoria de las víctimas detenidas desaparecidas “hay una manera de abordar compasiva, pero también firme la reparación de nuestras heridas del pasado”.
El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó hoy sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a los efectivos de Carabineros imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tortura.
En un comunicado, la organización expresa su preocupación por la salida del Fiscal Armendáriz, según señalan, por presiones de sectores políticos de la derecha. Asimismo, advierten que revocación de las pensiones de gracia sería un retroceso.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
La organización manifestó su preocupación ante las presiones a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en medio de la investigación al Alto Mando de Carabineros por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social.
La iniciativa fue descartada en bloque por el oficialismo, demócratas e independientes, por lo que no continuará su tramitación legislativa. “Se les estaba tratando de hacer una pena remitida a personas que no se lo merecían”, dijeron en el sector.
En lo fundamental, el proyecto “regula el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica”.
La abogada experta en derechos humanos afirmó que el cometer un delito, no le quita a las personas el derecho a ser reparadas por una vulneración. Además, advirtió que el actuar del Gobierno podría generar una contienda judicial.
El acuerdo se realizó con el fin de convertir el espacio en un Sitio de Memoria, dado que se trata de unos de los centros de detención por el que pasaron la mayor cantidad de prisioneros políticos durante la dictadura.
En una carta las agrupaciones cuestionaron que la conducta del uniformado fue “de la máxima gravedad” en el marco del estallido social y lo acusaron de ser “partícipe de una acción criminal concertada desde el alto mando” de Carabineros.
La actividad, que se realizará el próximo 4 de mayo, es impulsada junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La iniciativa busca recopilar información en torno al ex pozo arenero y vertedero de Avenida Departamental 4360, donde se encontrarían restos de víctimas de la dictadura.
Asimismo, la psicóloga manifestó su rechazo ante el avance del proyecto de ley en el Senado que permitiría el arresto domiciliario de personas mayores de 70 años. “Si esto se llegara a aprobar, sería una nueva afrenta”, expresó.
La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud del exmilitar, quien argumentó que “su condición etaria y de salud” eran incompatibles con la cárcel. Iturriaga cumple condenas por secuestro, homicidio, torturas, entre otros delitos.
La directora del Centro de DD.HH. de la U. Diego Portales destacó que sería un “traspié” que se concretara la inhabilitación de los fiscales a cargo de las causas por violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del 2019.
El senador del PS e integrante de la Comisión de Derechos Humanos cuestionó que, en el caso de condenados por crímenes de lesa humanidad “no han tenido la actitud de ser capaces de colaborar y de reparar, sobre todo a los familiares” de las víctimas.
Consultado respecto a la solicitud del director de Carabineros, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que este “tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la Constitución le permite”.
