Este martes, y en medio de las estrategias que despliega el Gobierno para poder implementar la gratuidad en 2016, la derecha presentó al Ejecutivo su propio plan para otorgar este beneficio, el cual fue rechazado de manera categórica desde el oficialismo, quienes acusaron a la UDI de haber dejado “en vilo” a miles de estudiantes.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista apunta a aquellos que han presionado “en función de quedar en mejor chance con los grandes empresarios”. Además envió un mensaje al Senado, donde se encuentra el proyecto: “No queremos más cocinas entre cuatro paredes”.
El Ejecutivo determinó un sistema mixto para el financiamiento del beneficio, evitando así legislar en torno al tema. En tanto, desde la derecha anunciaron que presentarán su propia propuesta de gratuidad a la Jefa de Estado.
Según el investigador Mario Sobarzo, el gabinete de Bachelet podría haberse adelantado al fuero del TC. Esto, porque la discriminación entre educación pública y privada estaba concedida desde la LGE.
Luego del adverso fallo del Tribunal Constitucional respecto de la glosa presupuestaria que pretende asegurar recursos para el próximo año, desde el Mineduc agregaron que mediante sistema de ayudas estudiantiles se cubriría la brecha para aquellas instituciones de educación superior que quedaron fuera de esta posibilidad.
Mientras, estudiantes y el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestaron su preocupación por los sectores que buscan proteger intereses particulares más que de devolver un derecho reclamado por la gente.
El Magisterio, además, criticaró el fallo del Tribunal Constitucional con respecto a la glosa de gratuidad: “han perjudicado a un grupo de estudiantes”, dijo Jaime Gajardo.
Un texto reveló que un sector de la DC pide ampliar la gratuidad a todos los estudiantes “vulnerables”. Mientras, desde La Moneda se insiste en que se entregará el beneficio en 2016, pero que no se cederá en solventar a instituciones de educación superior que no cumplan con estándares de calidad.
Luego de la impugnación que estableciera el Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad para la educación superior, actores sociales de la educación hicieron un llamado al Gobierno a determinar lo antes posible el modelo de financiamiento que regirá en 2016.
La principal preocupación pasa porque cerca del 90 por ciento del presupuesto de la facultad está destinado al área de Recursos Humanos, específicamente al pago de remuneraciones, por lo tanto, los manifestantes piden abordar la integridad del problema que en su aspecto económico, los afecta directamente.
Este jueves se realizaron los alegatos relativos al requerimiento que impugna aspectos de la glosa presupuestaria con la que el Gobierno pretende iniciar la gratuidad universitaria. La abogada del Gobierno, Paulina Veloso desestimó que los requisitos para que los establecimientos accedan a la gratuidad resulten discriminatorios, señalando que el verdadero motivo de la presentación es político, pues la derecha nunca ha estado de acuerdo con el derecho a educación gratuita.
Por más de cuatro horas, 18 organizaciones se presentaron en el Tribunal Constitucional sus argumentos a favor y en contra de la glosa de gratuidad presentada por el Ejecutivo para entregar este beneficio a los alumnos considerados vulnerables que asisten a instituciones de educación superior y que cumplen con los requisitos para recibirla, cuestión que motivó a Chile Vamos a presentar un recurso para impugnarla en el TC.
Rectores, estudiantes y representantes del oficialismo y la oposición, entre otros, plantearán sus argumentos antes que la entidad falle sobre la política que el Gobierno pretende implementar a través de la Ley de Presupuesto.
Los estudiantes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que universidades adscriban al proceso y luego puedan ser excluidas. “Podríamos tener acciones legales de parte de universidades que tendrán contratos firmados con el Estado y que no serán cumplidos”, advierten desde la Confech.
“Si la glosa fuera declarada inconstitucional, la única alternativa con que cuenta el gobierno, es que pueda seguir financiando a las instituciones que hoy día cuentan con Aporte Fiscal Directo (AFD)”, advirtió el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Camila Rojas asumió la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en lugar de Valentina Saavedra, quien liderara a los estudiantes de la Casa de Bello en 2015. La nueva presidenta de la FECh realizó críticas a la glosa de gratuidad planteada por el Gobierno, y anunció que el organismo se restará de la discusión que se dará en el seno del Tribunal Constitucional la próxima semana.
Para el vicepresidente del Consejo de Rectores es “evidente que quienes quieran que sigan habiendo solo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior”.