RN pidió la renuncia de la directora del INDH tras una acción judicial que tacharon de “jugada política”. La exdirectora del organismo defendió que “la corrupción afecta los DDHH”, en este caso, a la independencia de un tribunal.
A pesar de la resolución del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal estableció que el delito sí existe, por lo que remitirá los antecedentes al Ministerio Público, que deberá decidir si inicia acciones penales contra el exministro.
Según consignó El Mercurio, ayer de manera reservada se reunieron algunos miembros de la instancia, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, y las ministras Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich (s).
Ante la determinación del máximo tribunal de justicia, la ministra en visita, Jenny Book, deberá entregar los antecedentes a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota.
El titular de Justicia además sostuvo un encuentro con la diputada Camila Musante, quien es autora de un proyecto de ley que busca crear un Consejo Judicial. Según la iniciativa, este órgano sería el encargado de los nombramientos de los jueces.
El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La contienda de competencia fue planteada el 11 de mayo pasado por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes.
Contraloría acreditó que durante los años 2021 y 2022, Naranjo ordenó a los conductores realizar traslados no relacionados con sus funciones, incluyendo llevarla de compras a un mall, a supermercados y al colegio donde le correspondía votar.
Concluido el pleno extraordinario del máximo tribunal, la nueva vocera de la Suprema, María Soledad Melo, abordó la convicción de los jueces de radicar las designaciones y otras decisiones relativas al gobierno judicial en un organismo separado.
La ex candadita a fiscal nacional relevó la importancia de que existan salvaguardas para proteger el derecho a la independencia judicial en el PJUD, además de garantizar procesos transparentes y con participación ciudadana.
El abogado Fernando Leal, representante de tres exconscriptos de Putre, presentó una querella por tráfico de influencias, prevaricación y omisión de denuncia en el Poder Judicial.
El ministro Luis Cordero expresó que existen más denuncias sobre casos de corrupción en la institución penitenciaria y que “hay investigaciones que se están desarrollando también en la actualidad y que están en proceso”.
La iniciativa propone la creación de un organismo constitucional, autónomo, técnico y colegiado. Para la parlamentaria: “Tenemos un Poder Judicial que hoy está contaminado por la corrupción”.
El académico de la UDP alerta que las lógicas del lobby han permeado a todos los poderes del Estado. Por tanto, para avanzar en modificaciones al sistema de nombramiento, más que poner foco a quién designa, se debe instalar una nueva metodología.
El tribunal de segunda instancia resolvió que la cautelar era la única medida “que resulta proporcional al fin del procedimiento”. Desde el CDE señalaron que “la resolución fue contundente”, mientras la defensa insistió en la falta de fundamentos.
Si bien el instituto es querellante en el caso “Operación Topógrafo”, el titular de Justicia indicó que las acciones por los delitos de funcionarios son ejecutados, con previa evaluación, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La cuarta sala del tribunal resolverá la acción presentada por su defensa, en la que se argumenta que la privación de libertad del alcalde de Recoleta es “desproporcionada”, además de influir en la salud de su círculo cercano y familia.
