El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes y el ministro Leopoldo Llanos, expusieron ante el Consejo Constituyente donde explicaron que acceder a este beneficio sería contravenir acuerdos internacionales suscritos por Chile.
Mientras que algunos parlamentarios pusieron el énfasis en buscar soluciones para que el sistema no quiebre, otros fustigaron en contra de las aseguradoras. La ministra Ximena Aguilera, en tanto, aseguró que sabía lo que se venía.
En una declaración pública, la tienda aseguró que van a insistir en participar de la investigación judicial pese a que el Juzgado de Antofagasta los apartó por no contar con domicilio en la región. Desde Renovación Nacional valoraron la exclusión.
En RN cuestionaron la jugada del Ejecutivo que busca darle un reimpulso a la iniciativa. Mientras en el Frente Amplio desdramatizaron estas críticas e insistieron en que el trabajo en el Congreso debe estar enfocado en la búsqueda de consensos.
El mandatario se acercó a un grupo de manifestantes que protestaba frente a La Moneda en demanda de una solución habitacional. “Vamos a trabajar en conjunto con ustedes y los comités”, aseguró el jefe de Estado.
El estudio dio cuenta de la cantidad de estos delitos con una mayor cantidad el año 2021 donde se registraron 55 casos.
La directora del Centro de DDHH de la UDP, expuso en el Consejo Constituyente donde criticó los reparos planteados al texto propuesto por la comisión de expertos que afirmó pueden terminar en un serio retroceso para el país.
El analista político indicó que el apoyo de la centroderecha al libelo anunciado por Republicanos contra el ministro Giorgio Jackson evidencia una pérdida del rumbo en ese sector. Además, señaló que es muestra de la erosión institucional en el país.
En el marco de la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, el mandatario insistió en la decisión de su Gobierno de tomar todas las medidas que sean necesarias para perseguir y condenar estos casos “caiga quien caiga”.
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados detalló la agenda de probidad y las medidas que se están tomando para regular la transferencia de recursos públicos. Además, señaló que es complejo el avance del pacto fiscal en el Senado.
El tribunal de alzada capitalino decidió esta mañana no conceder la solicitud presentada por el empresario Juan Sutil que acusa al parlamentario de Convergencia Social.
La instancia rechazó las indicaciones del Ejecutivo a la ley de usurpaciones, aprobado ayer en general en la sala. Por ende, el texto volverá a la sala tal cual como salió en la jornada de este miércoles.
La legisladora acusó la arremetida de la derecha como una estrategia por “desviar el debate de los temas que realmente importan” y que de seguir postergando la discusión sobre las reformas que impulsa el Ejecutivo sería “un fracaso para el país”.
A través de la ley de presupuestos 2023, que se discutió en el Congreso el año anterior, el Ejecutivo habría elevado los estándares para que gobiernos regionales firmen convenios con fundaciones.
Por nueve votos a favor y dos en contra, la instancia decidió acoger la propuesta levantada desde la sociedad civil. De esta forma, once calles, plazoletas y un puente modificarán sus nombres.
El proyecto usurpaciones fue aprobado en la Cámara y volverá a la Comisión de Seguridad, luego que el Gobierno decidiera retirar la urgencia a la moción. “Cómo puede ser que el parlamento piense que se puede despachar una ley así”, dijo Tohá.
Pese a que aún no confirman su apoyo al libelo, tanto el diputado PPD, Jaime Araya, como el DC, Eric Aedo, solicitaron que Jackson deje su cargo. En tanto, desde el PS, el diputado Daniel Manouchehri acusó a la oposición de “ociosa”.
