En el anuncio destaca la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas; la inversión de más de $20 mil millones en vigilancia para la Ruta 5 Sur; la finalización del hospital Dr. Oscar Hernández Escobar y la construcción de 3 mil APR.
El mandatario apuntó al ataque incendiario al Molino Grollmus como un hecho que reviste ese carácter. Sin embargo se manifestó contra de la aplicación la Ley Antierrorista. “Ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado”, afirmó.
La titular de Interior indicó que el jefe de Estado llegará mañana a Temuco. “La manera que se planifica cuando el Presidente de la República se desplaza por el territorio, no lo hace en virtud de amenazas”, puntualizó.
En la Escuela de Oficiales de Carabineros, el mandatario destacó la coordinación del aparato público para el combate contra el crimen. Además, subrayó la articulación del Estado con organizaciones de la sociedad civil para frenar los femicidios.
A través de diversos paneles se abordó la seguridad pública y los derechos humanos desde la perspectiva del fortalecimiento de la calidad de vida en comunidad, del bienestar colectivo y de la restitución de la confianza entre las personas.
En cuanto a la oposición, los dirigentes de partidos exhortaron a claudicar en aquellas medidas que “no son efectivas sino más bien efectistas” y a desarrollar un análisis “no en populismo ni parafernalia mediática”.
Anunciando el inicio de un encuentro periodico con las autoridades designadas por el Ejecutivo en las regiones, la ministra precisó que “ese compromiso no significa solamente eliminar a los delegados sino que cambiar la figura”.
Desde el recinto informaron que los especialistas están trabajando para recuperar las áreas dañadas por el hecho. Además, señalaron que no afectó el trabajo de los científicos.
En El Maule, el incendio en las comunas de Molina y Río Claro han consumido más de 3 mil hectáreas, mientras que en Coquimbo, el siniestro de Monte Patria ha afectado a 185,2 hectáreas, 20 viviendas y ha dejado a siete personas lesionadas.
La jefa de gabinete consideró como “una coincidencia feliz” que el esfuerzo por acercar posturas en torno a la situación delictual del país haya iniciado en un momento en que el estudio de Paz Ciudadana orienta sobre el foco y las soluciones.
Mientras las autoridades apuntan al aumento de los delitos violentos, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la U. de Chile, Alejandra Mohor, explicó cómo los medios de comunicación han infundido miedo a la ciudadanía.
En una señal de unidad contra la delincuencia, ediles de distinto signo político llevaron siete medidas de seguridad al Gobierno, las que fueron destacadas por el subscretario del Interior, anunciando un plazo de dos semanas para sancionarlas.
Sobre esta situación, Daniel Johnson comentó que “si bien no hay una mayor probabilidad de ser víctima, nuevas tipologías delictuales amenazan con hacer mucho más daño que lo que conocíamos”.
Tras la votación, la secretaria de Estado defendió los avances que ha presentado la medida aplicada en La Araucanía y Biobío desde su última renovación.
Los dardos hacia la titular de Interior provinieron incluso desde parlamentarios del oficialismo, quienes acusaron una falta de diálogo con los distintos actores afectados en el sur del país y que la cartera “no ha estado a la altura del desafío”.
La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, expresó que lo planteado por el mandatario “es absolutamente pertinente” y que “requiere convocar a todas las autoridades incumbentes que tienen que ver con combatir la delincuencia”.
La autoridad entregó detalles sobre el procedimiento que dejó a nueve aprehendidos en la Región de Tarapacá y reafirmó que las problemáticas de crimen organizado y el narcotráfico “es una lucha que el Estado está decidido a hacer”.
