Diputados y senadores de oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República por un eventual conflicto de interés en la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, que —según acusan— podría beneficiar directamente a ministros y altas autoridades con participación en empresas.
El diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión de Hacienda, Jorge Brito, advirtió sobre el impacto de la iniciativa en el propio gabinete. “Tenemos que impedir que el gabinete del presidente Kast se lleve alrededor de 300.000 millones de pesos en beneficios tributarios, producto de la reforma que están proponiendo”, afirmó.
Brito cuestionó el rol de los ministros involucrados en la tramitación. “El ministro Alvarado tiene que contribuir al entendimiento. El ministro Quiroz pone la firma a este proyecto y que lo beneficia directamente. En consecuencia, están incumpliendo con un principio básico en la tramitación de leyes y es que uno no puede impulsar leyes que te benefician directamente”, sostuvo.
En esa línea, pidió la inhabilitación de las autoridades que podrían verse favorecidas: “Hemos pedido que tengan la disposición de excluirse al propio ministro que puso la firma y a los gabinetes que se verían beneficiados”.
El parlamentario también vinculó el debate con el contexto de la agenda de reconstrucción. “Si en medio de la llamada reconstrucción están preocupados de retribuirse a ellos mismos miles de millones de pesos, para eso estamos presentando este pronunciamiento”, indicó.
En medio de estas críticas, cifras difundidas por la fundación Nodo XXI dimensionan los potenciales beneficios. Según el análisis, la tasa rebajada para la repatriación de capitales concentra la mayor parte del impacto económico. Solo el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, podría ahorrar $209.994.189.490 en una única operación de repatriación de capitales desde el extranjero.
El mismo informe señala que el recorte del gasto público anunciado por el Gobierno —equivalente a un 3%— representa $67.248 millones en Defensa, cifra que contrasta con el eventual beneficio individual del ministro, que triplicaría ese monto.
A nivel agregado, si la ley se aprueba, el beneficio potencial para 63 autoridades alcanzaría los $292.515.734.000.
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El diputado socialista Juan Santana detalló los efectos concretos de la reforma sobre autoridades específicas y reforzó la tesis del conflicto de interés. “En el caso del ministro de Hacienda, producto de las millonarias propiedades que tiene en la región Metropolitana, va a haber un beneficio directo por la exención de contribuciones. Misma situación con las empresas en las cuales tiene participación, producto de la reducción de la tasa corporativa y la reintegración del sistema tributario”, explicó.
Respecto al ministro de Defensa, enfatizó la magnitud del impacto: “Este alcanza un patrimonio de cerca de 700.000 millones de pesos y, frente a los beneficios que tendría ante la aprobación de este proyecto de ley, se vería beneficiado en casi 211.000 millones de pesos al año”.
Santana cuestionó el foco de la reforma. “Nos parece que si se va a hablar de reconstrucción, no se puede hablar de la reconstrucción de las billeteras de los ministros y ministras”, afirmó.
En paralelo, se realizó una reunión entre presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposición para abordar el proyecto del Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Tras la cita, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aclaró que el objetivo para la oposición es “cómo vamos a ser capaces de trasladarle a la ciudadanía, a la gente común, la significación que tiene este paquete que contiene la llamada reforma miscelánea”
Asimismo, acusó al Ejecutivo de ocultar el verdadero objetivo de la reforma. “Con el proyecto en debate el gobierno ha dado un paso de develar esencialmente, contra números, contra medidas concretas, quiénes son los grandes beneficiarios con esta idea de avanzar en una legislación de este tipo y evidentemente no son más que, en primer lugar, el 1% o los más ricos de Chile, incluyendo dentro de eso los beneficios que van a tener ministros de gobierno que se encuentran con el privilegio en el plano de la legislación que va a surgir”, apuntó.
Por otro lado, el diputado del PPD, Raúl Soto, también cuestionó el foco del proyecto. “Lo que están proponiendo en esta reforma tributaria encubierta es una promesa de crecimiento que solo profundiza la desigualdad en Chile. Va exactamente en la dirección contraria y por lo tanto no podemos respaldar una medida como esto”, afirmó.
