El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó durante este lunes 25 de mayo el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, documento que actualizó las proyecciones fiscales del país y abrió una fuerte controversia política por las diferencias detectadas en las estimaciones de deuda y déficit heredadas de la administración anterior. El reporte proyectó un déficit fiscal de 2,4% del PIB y advirtió inconsistencias en los cálculos de deuda pública, las que, según el Ejecutivo, podrían implicar una diferencia cercana a los US$10 mil millones.

Tras los cuestionamientos del actual titular de Hacienda, el exministro Nicolás Grau salió a responder y defendió las proyecciones realizadas durante la administración anterior. “La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”, afirmó Grau a través de sus redes sociales, donde acusó que Quiroz “se apresura” al hablar de un cálculo errado en la proyección de deuda entre 2026 y 2030.

Las conclusiones del documento también provocaron inmediatas reacciones en el Congreso. Desde la oposición, la diputada Gael Yeomans (FA), integrante de la comisión de Hacienda, cuestionó duramente la presentación del Ejecutivo y acusó al ministro Quiroz de intentar desviar la atención.

“Este primer informe de finanzas públicas del gobierno, lamentablemente, es un voladero de luces”, afirmó la parlamentaria, quien sostuvo que las acusaciones contra la administración anterior “no están fundadas” y carecen de argumentos técnicos.

En la misma línea, el presidente de la comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra (PS), vinculó el informe con la discusión del proyecto de reconstrucción impulsado por el Gobierno.

“El ministro Quiroz insiste en adecuar el escenario para sacar adelante su proyecto de ley de reconstrucción”, afirmó el senador socialista, quien acusó que la iniciativa “lo único que ofrece al país es decrecimiento y, al mismo tiempo, un déficit mayor”.

Saavedra agregó que el incremento de la deuda pública proyectada hacia 2031 respondería precisamente a la estrategia económica del Ejecutivo. “Eso se sufre con deuda pública. Lo tenemos claro”, concluyó.

Visión experta

Las conclusiones del informe también provocaron análisis desde el mundo económico. El economista Pablo Barberis y docente de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sostuvo que la diferencia detectada entre las cifras actuales y las proyectadas previamente “es muy grave” y requiere una investigación exhaustiva.

“El hecho de que hoy exista una diferencia tan significativa en la proyección de deuda pública requiere una investigación seria y exhaustiva”, señaló el académico consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, quien enfatizó que la credibilidad fiscal constituye uno de los principales activos de la economía chilena.

Barberis también advirtió sobre el deterioro de la trayectoria fiscal proyectada para los próximos años. En particular, alertó que el aumento de la deuda pública por sobre el 45% del PIB constituye “una situación delicada”, debido a que acerca al país a niveles que históricamente habían sido considerados límites prudenciales para la estabilidad macroeconómica.

En esa línea, el economista sostuvo que el Gobierno deberá adoptar medidas de ajuste y contención del gasto si pretende recuperar espacio fiscal hacia el término de la actual administración.

“La sobreestimación también de los ingresos que nunca se cumplió por los últimos tres años de gobierno anterior. Por lo tanto, si hay menor ingreso estimado con un aumento de la deuda que no estaba explícita hay que averiguar la situación, transparentarlo y en base a eso tomar las medidas de austeridad y redistribución de los ingresos necesarios”, expresó Barberis.

Por su parte, el economista Eugenio Rivera, en diálogo con Política en Vivo, abordó el informe desde una perspectiva crítica respecto de la conducción económica del Ejecutivo y cuestionó el manejo político que Hacienda dio a la controversia.

Respecto de la denuncia realizada por el ministro Quiroz sobre las inconsistencias en las cifras de deuda, Rivera calificó el episodio como “extraordinariamente grave”, aunque precisó que el propio titular de Hacienda reconoció que la estimación efectiva de deuda al cierre del año pasado sí coincidía con la información previamente entregada.

A juicio del economista, el conflicto se originaría más bien en diferencias respecto de las proyecciones futuras y de los supuestos macroeconómicos utilizados por cada administración. “Lo que cambia son las proyecciones hacia adelante, y esas proyecciones dependen de variables económicas que pueden modificarse”, sostuvo.

“Es legítimo tener una proyección distinta respecto a lo que va a ser la evolución futura de la deuda. Lo que no es legítimo es no señalar y explicar en detalle cuál es la metodología con que hicieron esas proyecciones y cuáles son los supuestos de lo que va a pasar en los próximos cuatro años”, manifestó.

Acusación constitucional

Tras conocerse el detalle del documento, desde el Partido Republicano, encabezados por el diputado Agustín Romero, anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, afirmando que los antecedentes “revisten la máxima gravedad institucional y fiscal”.

El parlamentario republicano sostuvo que durante meses el país conoció proyecciones fiscales y estimaciones de deuda pública que “terminaron siendo sustancialmente peores a las informadas originalmente”, advirtiendo que el deterioro de las cuentas fiscales “no fue marginal, sino significativo”.

“En una democracia seria, la responsabilidad fiscal no puede transformarse en un ejercicio comunicacional ni en una discusión reservada exclusivamente a expertos”, afirmó Romero, quien además enfatizó que la conducción de la Hacienda Pública exige “transparencia, prudencia y respeto al deber de probidad”.

“Por esta razón hemos resuelto estudiar una acusación constitucional, a fin de que sea la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado quienes determinen las eventuales responsabilidades políticas derivadas de estos hechos”, señaló.

Romero agregó que la eventual acción buscará esclarecer “si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional y un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la Hacienda Pública”.