La directiva del partido tomó la determinación luego de que fiscalía iniciara diligencias por una acusación de apropiación indebida de sueldos de asesores durante su etapa como diputada.
Desde la mesa del Senado señalaron que “en cumplimiento de su deber constitucional”, entregaron “todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo” de la diligencia en dependencias del Congreso Nacional.
El Mandatario adelantó las medidas en la ceremonia de aniversario de la institución, pero dejó afuera una esperada iniciativa: un proyecto de ley que permitiría que aquellos delitos cometidos por policías sean juzgados por la justicia militar.
La petición fue ingresada a través de una carta que iba firmada por Luis Cuello (PC), Bernardo Salinas (PC), Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS) y Ana María Gazmuri (AH).
La presidenta de RN, Andrea Balladares, adelantó que mientras no exista formalización, el partido cree en la presunción de inocencia. Sin embargo, de acreditarse los hechos denunciados lo que procede es la suspensión de la militancia.
La senadora aseguró que enfrentará “la situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”. Según la denuncia, el Ministerio Público investiga presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos.
El exministro de Transportes acusó “afirmaciones que no se ajustan a la realidad” de parte de su sucesor, mientras el actual titular del MTT defendió sus dichos. Ante los ajustes, diputadas advierten efectos en costos, calidad del servicio y empleo.
Parlamentarios del Partido Socialista y el Frente Amplio cuestionaron lo que el nombramiento revela sobre la relación entre la Fiscalía y el mundo político. En contraste, diputados de Chile Vamos destacaron la experiencia de la persecutora.
La Diputada Camila Flores exigió “reformar a fondo” el Poder Judicial tras la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, calificando la decisión de “vergüenza nacional”. Cuestionó la impunidad y la desconexión con las víctimas.
La abanderada se ha mantenido en su despliegue programático y ha evitado responder preguntas sobre la carrera presidencial ante la prensa. Sin embargo, la preocupación se acrecienta en las filas de la coalición generando acusaciones cruzadas.
La diputada Flores (RN) sostuvo que la exalcaldesa representa a “un número importante de chilenos que justifica el pronunciamiento militar del 73”. Su par, Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que las palabras de la abanderada “son parte de su historia”.
Mientras los clubes piden el retorno de fuerzas policiales al interior de las canchas, el Gobierno abrió la posibilidad de que intervengan en casos que “puedan afectar el orden público”. La idea no genera consenso en el mundo político.
Los parlamentarios insistieron en que el acuerdo administrativo que los llevó al cargo quedó “superado” desde el momento en que el Frente Amplio perdió el liderazgo de la testera. Mientras, derecha exigió que cumplieran con su palabra.
Desde el oficialismo llamaron a que se realice una “investigación rigurosa”, mientras que la oposición cuestionó que la diputada “tal como lo hizo Catalina Pérez en el caso Democracia Viva, se haya involucrado personalmente en la defensa” del caso.
Parte del oficialismo crítico que el Ministerio de Hacienda comprometiera restar $612 millones de dólares del gastó público. Mientras, la oposición busca presionar al Gobierno para que aumente la partida presupuestaria destina a las Fuerzas Armadas.
Tras la visita de la diputada Camila Flores (RN) al excarabinero condenado por dispararle en el rostro a Campillai, la senadora acusó a la oposición de intentar “desviar la atención” de la posible implicancia de sus dirigentes en el caso Audios.
La senadora señaló que la diputada ha demostrado “una vez más que decide ponerse del lado de los violadores de derechos humanos”. Además, lamentó que nuevamente una parlamentaria de RN no tenga un mínimo de empatía con una de sus colegas.
