El presidente de Agorechi afirmó que -a raíz del Caso Convenios- se están quitando facultades de las máximas autoridades regionales en conformidad a una “lucha de poderes”. Como asociación, de aprobarse la legislacion, acudirán al TC.
Se detectó que la unidad no cuenta con instructivos formales respecto de asignaciones directas, no exigía cauciones o boletas de garantía y carece de procedimientos para la selección de las entidades que ejecutan los proyectos.
La entidad reveló antecedentes que dan cuenta de un “patrón” de irregularidades en Servicios de Vivienda y Urbanismo, cartera presidida por Carlos Montes, en 15 regiones del país. El Ministerio respondió que no va a tolerar “actos de corrupción”.
Por cuestionamientos a la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, la vocera respondió que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias”.
Para el próximo 6 de noviembre se fijó la comparecencia ante la instancia parlamentaria para que el jefe de asesores de La Moneda entregue su versión de lo ocurrido. Además, pidieron un pronunciamiento de la Contraloría por sus ausencias previas.
Para los legisladores gremialistas, la gran dispersión en el Parlamento no permite llegar a acuerdos. Por eso valoraron los cambios que plantea en ese sentido la nueva constitución que está en pleno proceso de redacción.
El mandatario abordó el giro en la declaración del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda y aseguró tener “tranquilidad absoluta de que por mi parte, y por parte del Gobierno, no hay nada que esconder”.
Oposición pidió al presidente de la Cámara de Diputados que emplace al Gobierno a que no impida el trabajo de esa rama del Congreso. La Contraloría dio cinco días para que La Moneda explique la ausencia de Crispi ante la comisión investigadora.
A juicio del Ejecutivo, el centro de la discusión recae en definir cuál es el sistema de rendición de cuentas en razón de que el actual estatuto jurídico exceptúa a Presidencia de la obligación, lo que podría sentar un precedente para el sistema.
El planteamiento del gremialismo de dejar sin fondos a la Presidencia de la República por la ausencia de Miguel Crispi en la comisión que investiga el Caso Convenios, generó críticas desde las filas que respaldan al Gobierno.
El parlamentario no cuestionó la labor técnica de Javiera Martínez a la cabeza de la Dipres, pero advirtió que el debate por el Presupuesto 2024 se enlodaría de confirmarse que es citada a declarar como imputada por el caso Convenios.
Esta es la segunda vez que el jefe de asesores de La Moneda se ausenta de la instancia para dar cuenta de su rol como exSubdere en el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura.
La vocera de La Moneda emplazó a no hacer juicios apresurados sobre el tema ya que se trata de un procedimiento normal. Desde la oposición cuestionaron que se mantenga a la directora de presupuestos en el cargo, una de las llamadas a declarar.
Según consignó El Mercurio, la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor de diversas diligencias solicitadas mediante una ampliación de querella, ingresada en agosto, por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
Por orden de la entidad fiscalizadora, el titular de Vivienda dio a conocer que la cartera creó un “Manual de Convenios” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región.
En el marco del caso Convenios, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, aseguró que lo mismo regirá si se detecta que los funcionarios públicos prestaron servicios remunerados o no en la directiva de las fundaciones, previo a dos años.
La declaración del mandatario ocurrió tras ser increpado por un ciudadano, quien lo criticó por no referirse en la última cadena nacional a los presuntos casos de corrupción que indaga el Ministerio Público por transferencias estatales hacia privados
