Esta es la segunda vez que el jefe de asesores de La Moneda se ausenta de la instancia para dar cuenta de su rol como exSubdere en el convenio por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura.
La vocera de La Moneda emplazó a no hacer juicios apresurados sobre el tema ya que se trata de un procedimiento normal. Desde la oposición cuestionaron que se mantenga a la directora de presupuestos en el cargo, una de las llamadas a declarar.
Según consignó El Mercurio, la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor de diversas diligencias solicitadas mediante una ampliación de querella, ingresada en agosto, por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
Por orden de la entidad fiscalizadora, el titular de Vivienda dio a conocer que la cartera creó un “Manual de Convenios” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región.
En el marco del caso Convenios, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, aseguró que lo mismo regirá si se detecta que los funcionarios públicos prestaron servicios remunerados o no en la directiva de las fundaciones, previo a dos años.
La declaración del mandatario ocurrió tras ser increpado por un ciudadano, quien lo criticó por no referirse en la última cadena nacional a los presuntos casos de corrupción que indaga el Ministerio Público por transferencias estatales hacia privados
Las propuestas fueron recogidas de la Comisión Ministerial presidida por María Jaraquemada para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
El representante de la legisladora descartó que una publicación dada a conocer durante esta jornada aporte nuevos antecedentes en el caso ya que es conocida la relación que mantenía con el imputado y representante legal de Democracia Viva.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso la acción judicial tras constatar perjuicio fiscal en los convenios suscritos. “Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo”, señalaron.
Mientras, el ministro Montes dijo que su cartera “está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.
El ministro pidió algunos minutos de comisión secreta para referirse a personas que aún no son investigadas por el Ministerio Público. Más allá de eso, reveló las principales irregularidades que se han detectado en las pesquisas del Minvu.
El organismo presidido por la abogada María Jaraquemada, propuso un total de 46 medidas, entre las que destacan la creación de la ley general de transferencias y ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas.
La secretaria de Estado decidió fichar en la colectividad convencida de que “la democracia es la mejor forma de gobierno que podemos tener y que la democracia existe y se fortalece cuando los partidos también se fortalecen”.
La ministra del Interior valoró el tono y la franqueza con que se abordaron las diferencias entre los dirigentes de Chile Vamos y el Gobierno. Sobre la presentación de querellas en el caso Convenios, sostuvo que desde ese sector existe una confusión.
Las autoridades regionales además cuestionaron el que se esté culpando al Ejecutivo de facilitar el traspaso de recursos a fundaciones: “Este gobierno fue el que eliminó esa glosa en el Presupuesto 2023, incorporando incluso mayores exigencias”.
A semanas de que comience su debate, las y los legisladores esperan que se aproveche esta nueva regulación para garantizar que no se vuelvan a cometer delitos utilizando recursos públicos. Eso sí, advierten será un debate políticamente complejo.
Según anticipó el diputado y miembro de la instancia, Raúl Soto, la comisión espera recibir tanto a autoridades de la actual como de la anterior administración con el fin de que el “caiga quien caiga sea para todos”.
