Parlamentarios gremialistas buscan que se apliquen “las acciones judiciales pertinentes”. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su pesar porque el caso se esté usando para “poner en duda lo que ocurrió en la dictadura militar”.
Desde el oficialismo mantuvieron el respaldo a la presidenta de la Cámara y se reiteraron las críticas al allanamiento a su domicilio. “La promueven sabiendo que esas diligencias han vulnerado el contexto de parto”, criticó Camila Musante (PPD).
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, relevó la importancia de la resolución del órgano jurisdiccional. Mientras que desde la UDI la parlamentaria, Flor Weisse, enfatizó que “esta decisión atenta con la libertad de educación”.
El exministro acusa a los parlamentarios de injurias respecto de su vinculación en el Caso Convenios, así como en el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social.
Esta contrarreforma consiste en permitir que los establecimientos educacionales puedan seleccionar “por mérito” a partir de séptimo básico.
Las bancadas de Republicanos y Chile Vamos votaron a favor de dar lectura el documento, lo que llevó a la reacción de parlamentarios oficialistas. “¡Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista!”, respondió la diputada Lorena Pizarro.
Cinco parlamentarios declararon ante la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación por el audio filtrado del Presidente Gabriel Boric durante una reunión que sostuvo en Cerro Castillo con parlamentarios de la Macrozona Sur.
La diputada Flor Weisse (UDI) considera que la empresa de retail debería indemnizar a sus consumidores luego de reconocer que las prendas que vendía eran robadas.
