Para el codirector ejecutivo de Derechos Digitales, las limitaciones legales dispuestas en la Ley Antiterrorista no alcanzan a cubrir todas las capacidades intrusivas de esta tecnología. Además, explicó por qué el TC podría impugnar la indicación.
A pocos días de su prenatal, la titular de la Secretaría General de Gobierno abordó la importancia de que los derechos de las mujeres en el ámbito laboral sean respetados. Además, analizó la discusión en torno a pensiones y la Ley Antiterrorista.
La tecnología incluida en la Ley Antiterrorista, despachada este miércoles por el Parlamento, generó el desmarque y malestar del oficialismo por ser “invasiva” y porque podría afectar a personas que no estén ligadas a delitos investigados.
Todo indica que la promulgación de la legislación se retrasará, pues parlamentarios de izquierda, acusando vulneración de garantías fundamentales, advirtieron que acudirán al Tribunal Constitucional por el mecanismo de interceptación de datos.
La diputada comunista, Alejandra Placencia, llamó a rechazar el artículo que contempla este sistema, pues podría vulnerar “derechos fundamentales de las personas”. En ese sentido, advirtió que de aprobarse recurrirán al Tribunal Constitucional.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la denominada Ley Antiterrorista, que busca sancionar la asociación terrorista. Además, establece delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista.
Si bien desde la organización destacan avances respecto a la legislación actual, advierten riesgos en la intervención de servicios de telefonía o datos móviles y en la figura del sobreseimiento definitivo que podría dar espacio a la “impunidad”.
El Ejecutivo, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el proyecto que establece una nueva Ley antiterrorista.
La parlamentaria cuestionó la rapidez para legislar en los últimos días. Aunque reconoció la necesidad de actualizar la Ley Antiterrorista, entre otras, apuntó a la falta de tiempo para discutir de mejor manera en particular dicho proyecto.
Creación de la figura del “lobo solitario”, definiciones de las penas, concepto de asociación terrorista y desencuentros por la norma que permite a fiscales intervenir una o más redes de servicios de telefonía, marcaron el debate de la sesión.
Iván Flores (DC) y Manuel José Ossandón (RN) destacaron el anuncio hecho por el Gobierno y señalaron que tiene elementos comunes con la iniciativa planteada por un grupo de integrantes de la instancia parlamentaria.
La reforma a la actual normativa “se ajusta a la experiencia y los estándares internacionales para perseguir las asociaciones criminales terroristas” y crea figuras para enfrentar al “terrorista individual o lobo solitario”, señaló Carolina Tohá.
Tras la reunión del comité político, las colectividades llamaron a los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y de la Cámara de Diputados a priorizar en los temas que tienen urgencia legislativa.
La ministra del Interior indicó que la actual legislación tiene varias falencias que impiden la persecución de estos delitos. La iniciativa se incluirá en el denominado fast track legislativo de la agenda de seguridad.
En la antesala de su visita a la región, se registraron incidentes en las comunas de Quepe y Curacautín. “Quienes realizan estos actos son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida”, dijo el mandatario.
La autoridad reconoció la gravedad de los hechos, pero descartó el aplicar la Ley Antiterrorista. “No es la mejor herramienta. El nivel de prueba que hay que lograr para condenar a una persona muchas veces no se puede alcanzar”, apuntó.
“Uno puede buscar justo el proyecto de ley que impida el acuerdo”, afirmó Monsalve, frente al proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que lleva años en el Congreso y complica la agenda que el Ejecutivo busca zanjar en diciembre.
