El subsecretario del Interior se reunió este viernes con autoridades locales de La Araucanía, donde afirmó que para despejar cualquier duda va a proponer una modificación de la redacción del decreto sobre el estado de excepción en la macrozona sur.
Por diferencias en las bancadas de la oposición sobre si condicionar o no los votos del Estado de Excepción a fin de que el Gobierno refuerce las medidas de seguridad en la Macrozona Sur, la extensión fue aprobada con 96 afirmativas.
Decretar Estado de Sitio en La Araucanía es lo que requirió la UDI previo al segundo encuentro del Mandatario con parlamentarios de la zona, lo que va en contra de la desescalada progresiva del Estado de Excepción que busca viabilizar el Ejecutivo
La oposición arremetió contra el Ejecutivo cuestionando la efectividad de las medidas desplegadas en La Araucanía en la previa del interrogatorio a la ministra Carolina Tohá en la Cámara.
A pesar de la caída en la cantidad de eventos violentos en la Macrozona Sur, el gobierno mantiene su preocupación por el recrudecimiento de estos hechos.
La autoridad destacó una baja sostenida de los hechos delictivos en las zonas bajo estado de excepción. Asimismo, informó que las Fuerzas Armadas llevan hasta la fecha más de 3 mil controles de identidad en la región de Tarapacá.
Con este resultado, la decimoquinta solicitud presidencial se extenderá hasta el próximo 26 de enero. Esta tarde será el turno del Senado de pronunciarse sobre la iniciativa.
El legislador dio a conocer el documento a la ministra del Interior Carolina Tohá. El informe da cuenta de un negocio que moviliza a cerca de 650 personas que talan unas 5 mil hectáreas y que genera 100 millones de dólares anuales.
Las y los legisladores de distintas bancadas pidieron mayor control de las fronteras para enfrentar el aumento de los delitos de connotación social y devolver la seguridad a la ciudadanía.
Junto al abogado Alberto Espinoza solicitaron al presidente de la Corte Suprema que se investiguen eventuales tratos inhumanos y degradantes y pidieron que se cumpla con el derecho internacional y el Convenio 169 sobre pueblos originarios.
El alcalde indicó que son varios temas donde el Ejecutivo ha modificado su posición, entre ellos los retiros de fondos previsionales o la situación en el Wallmapu. “Una parte importante del programa se puede hacer sin pasar por el Congreso”, apuntó.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó la falta de definiciones respecto al rol que tendrán el Plan Buen Vivir y la nueva instancia planteada por el presidente Gabriel Boric en su visita a la Araucanía.
