En los últimos días, el debate público en Chile se ha centrado en una propuesta gubernamental que, bajo el argumento de “perfeccionar” los procedimientos de expulsión administrativa, busca obligar a hospitales, consultorios, colegios, jardines infantiles y organismos de previsión social a transmitir datos personales de personas en situación migratoria irregular al Servicio Nacional de Migraciones[1]. […]
Ximena Lincolao Gates y yo compartimos, aunque probablemente lleguemos a conclusiones opuestas, una experiencia generacional y biográfica que marca profundamente la manera en que se mira Chile: haber vivido durante décadas en Estados Unidos, construyendo vida profesional y personal fuera del país de origen. Quienes hemos pasado décadas como migrantes latinoamericanos en Estados Unidos conocemos, […]
“La única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, afirmó. Además, se refirió a las críticas recibidas tras calificar su promesa de campaña sobre la expulsión de 300 mil migrantes irregulares como “metáfora”.
El secretario general del PPD cuestionó las promesas de campaña del Mandatario en materia migratoria y seguridad, afirmando que “expulsar 300 mil migrantes era imposible” y acusando falta de honestidad al relativizar compromisos electorales.
El Presidente aseguró que su anuncio de expulsar a 300 mil migrantes “el primer día” no debía entenderse literalmente. La declaración desató inmediatas críticas por el giro discursivo frente a una de sus promesas electorales.
El abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile llamó a discutir la “conveniencia” de esta recalificación. “No creo que sirva de mecanismo persuasivo para evitar un ingreso clandestino”, cuestionó.
Tras la reunión de comités, se decidió que la presidenta del Senado y la secretaría definieran el quorum, el que, como informó la senadora Paulina Núñez, es de ley simple (mayoría en sala), tal como llegó la propuesta desde la Cámara de Diputados.
La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto, originado en la Cámara de Diputados, que modifica la ley N°21.325, de migración y extranjería, y que crea el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.
Según explicaron las autoridades, la estrategia contempla más operativos, refuerzo fronterizo y salidas voluntarias. Desde la oposición cuestionaron las cifras: “Expulsar 300 mil personas no se logra con eslóganes”.
El objetivo es “saber quiénes están en nuestro país”, aclaró la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, acerca del procedimiento que contó con más de 75 efectivos. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, valoró el “control constante”.
Sebastián González se refirió al proceso de filmación de la película, que aborda el fenómeno migratorio, el clima social que lo rodea y el desafío de construir un documental que abre preguntas en medio de un debate polarizado.
La académica de la U. de Chile, María Emilia Tijoux, y el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, criticaron las propuestas restrictivas y el enfoque securitario en migración, advirtiendo retrocesos en derechos.
Proyecto avanza al Senado y condiciona ayudas fiscales a regularidad migratoria. La medida busca ordenar el sistema, pero ha recibido críticas por afectación a derechos, discriminación y por omitir las causas profundas del fenómeno migratorio.
Luis Eduardo Thayer además cuestionó el proyecto que busca penalizar el ingreso irregular al país. “Es peligroso subir mucho las expectativas con medidas que sabemos que no van a tener un impacto visible”, destacó.
Entre el 28 de marzo de 2025 y el 31 de enero, 4.027 extranjeros fueron reconducidos desde Chile a Bolivia por Colchane, tras ser detectados ingresando por pasos no habilitados, según el Servicio Nacional de Migraciones.
La información fue entregada por el presidente del Partido Republicano luego del primer comité político ampliado en La Moneda. El proyecto “está descansando, no fue de interés de la administración saliente”, declaró el senador Arturo Squella.
José Miguel Carvajal valoró el inicio de esta estrategia impulsada por el Presidente José Antonio Kast, pero planteó que el desafío central será definir una política para la población migrante que ya se encuentra en el país.
