El defensor nacional, Carlos Mora, cuestionó ante la comisión de Principios que “la dependencia del poder político de turno deja a la institución en una situación desmejorada en comparación a los demás actores relevantes en esta materia”.
El académico afirmó que conocidas las enmiendas presentadas por la derecha, a estas alturas el anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos “adquiere una categoría de sacrosanto porque representa el consenso político más amplio”.
El representante socialista manifestó su preocupación ante la posibilidad de caer en una eventual degradación democrática, por lo que dijo tener esperanzas de que el resto de los sectores políticos rectifiquen el rumbo de la discusión constitucional.
Representantes de universidades y de organizaciones de la sociedad civil plantearon sus observaciones para incidir en la propuesta constitucional a propósito del proceso de participación ciudadana que culminará el próximo 21 de julio.
Pese a que señalaron que el ingreso de propuestas por parte de la población ante el Consejo puede de alguna manera “moderar” la visión de una mayoría electoral, si la gente se llega a sentir lejana al texto, podría haber poca “lealtad institucional”.
Por otra parte, el presidente de la Cámara puso en duda la efectividad del umbral del 5% para partidos políticos y, en su lugar, abogó por el establecimiento de listas cerradas para garantizar una discusión programática en las elecciones.
A juicio del abogado José Luis Ugarte, la medida impulsada por consejeros republicanos y de Chile Vamos sería incluso más regresiva que lo que está en la actual constitución. Mientras el presidente de la CUT dijo que “está alejada de la realidad”.
El emplazamiento se enmarcó en la exposición de la autoridad ante el Pleno del Consejo, donde, además, defendió que el principio de responsabilidad fiscal no es contrario a la consagración de un Estado social y democrático de derecho.
Más de 20 organizaciones de la sociedad civil se reunieron a través de laconstitucionesnuestra.cl para promover distintas propuestas que buscan fortalecer derechos sociales, del medio ambiente, la democracia, entre otros.
El representante mapuche enfatizó en la importancia de consensuar una constitución que “configure soluciones hacia el futuro”, ante el avance de tendencias de ultraderecha, y descartó que la consagración de escaños reservados implique “una amenaza”.
Representantes del máximo tribunal valoraron la separación de la función jurisdiccional de las labores no jurisdiccionales. Asimismo, instaron a los representantes del órgano electo a marcar una diferencia respecto a la celeridad de la justicia.
Alrededor de 5 mil personas han formado parte de estas instancias a lo largo de todo el país, en el marco del mes de la participación para el proceso constitucional.
La responsable de Formación en la Secretaría de Participación Ciudadana reiteró el llamado a las personas a inscribirse en audiencias públicas para incidir en la redacción del texto constitucional y destacó la necesidad de legitimar un pacto social.
Las instancias serán presididas por la oposición, dos de ellas por el Partido Republicano, una por RN/Evópoli y otra por la UDI. Por otra parte, rectores de la Universidad de Chile y Católica entregaron informe de procesos de participación previos.
La académica de la Universidad de Chile manifestó su preocupación por la baja concurrencia de la población y advirtió que de seguir en este escenario “lo más probable es que se terminen ratificando posiciones más conservadoras” en el nuevo texto.
La presidenta del Consejo Constitucional afirmó que el proceso constitucional requiere diálogo y consenso, evitando que la mayoría imponga su voluntad o que la minoría obstaculice el avance.
El abogado constitucionalista y miembro de la Comisión de Expertos señaló que los acuerdos se logran “cuando ninguna de las distintas miradas que existen respecto del quehacer político queda excluida de antemano”.