La decisión apunta a los beneficios entregados a siete personas por el Presidente Gabriel Boric. La entidad convocará a un alegato público y fallará el fondo de la impugnación el próximo mes de marzo después del receso de verano.
El presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó al Gobierno a no defender los siete beneficios que fueron impugnados ante la instancia constitucional. Mientras, su par de RN, Francisco Chahuán, emplazó a anular los decretos.
La instancia determinará en su reunión del jueves decidirá si declara la admisibilidad de las acciones presentadas por los parlamentarios a los beneficios entregados a siete personas, entre ellas el exfrentista Jorge Mateluna.
Dirigentes de Chile Vamos y Demócratas hicieron la presentación ante el Tribunal Constitucional para solicitar que el Gobierno revierta el beneficio argumentando que van en contra de la ley y la Constitución.
La reacción del diputado de RN surgió luego que Luis Cordero dijera que esperarán el trámite de la Contraloría y el Tribunal Constitucional respecto a legalidad administrativa de los indultos.
El legislador independiente calificó de “monigotes” a los integrantes del TC que ni siquiera revisaron el fondo del requerimiento. Además, cuestionó la consecuencia del presidente Gabriel Boric.
Desde el TC desestimaron de forma unánime el requerimiento levantado por parlamentarios de mayoría oficialista que buscaba declarar inconstitucional la tramitación del TPP, por haberlo considerado extemporáneo y fuera de plazo.
Controversia hay entre parlamentarios socialistas y los 42 diputados que presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional contra la trámitación del TPP. Ello por las lecturas que hay sobre el plazo legal para presentar este recurso.
El TPP11 fue una materia que marcó la participación del Presidente Boric en Enagro 2022, instancia en la que anunció que el Gobierno va a convocar mesas de trabajo para poder zanjar y abordar los temores sobre el aspecto de las semillas.
El parlamentario fundamenta su decisión en la llamada reserva constitucional que implicaría un vicio de legalidad, al no cumplirse con el aspecto formal de tener un pronunciamiento de la Corte Suprema antes de que se votara la iniciativa.
En conversación con RadioAnálisis, el convencional valoró también la creación de la Defensoría del Pueblo que pasó al borrador de la nueva Carta Fundamental.
El abogado querellante del caso SQM comentó la postura de Cristián Letelier ante la solicitud por el tercer retiro de fondos previsionales ya que, en 2013, el ministro solicitó financiamiento irregular a la empresa para la campaña UDI en Melipilla.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, manifestó su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto la sentencia de la Corte Suprema que había anulado el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori y señaló que esta decisión es un reflejo de la “crisis institucional” a la que se refirió en su mensaje en el Congreso. Una crisis institucional en la cual el mismo Castillo está envuelto por estos días.
Senadores del sector cuestionaron que diputados de la derecha sigan mirando este tema como un asunto delictual. Asimismo, defendieron la constitucionalidad de la iniciativa que busca aplicar esta medida a los denominados presos del estallido social.
Ximena Rincón indicó que tal como está la iniciativa presentada por el Gobierno, se estima que no alcanzará a ser tramitada antes del 31 de enero. La parlamentaria indicó que se debe evaluar el mecanismo de financiamiento antes de llegar a un acuerdo para sacar la normativa.
El abogado que firmó entre otros 15 constituyentes la propuesta de norma que suprime al Tribunal Constitucional explicó que la medida contempla la creación de un Consejo Supremo de Justicia cuya forma de integración contempla paridad, plurinacionalidad y descentralización dejando un margen mínimo para las designaciones políticas.
La norma fue presentada por integrantes de la comisión de Sistemas de Justicia y propone que el control de la Ley recaiga en la Corte Suprema, organismo donde los ministros son elegidos por sus méritos, poseen formación de jueces y no son designados por ideologías y compromisos políticos.
