“Que la derecha diga que es inconstitucional contradice la postura de que la Constitución no le importaba a la gente”, aseguró el abogado.
El Gobierno presentó los documentos para la promulgación de la ley el miércoles, solo horas después que el Parlamento la despachara y, en tanto, el día jueves recién hizo pública su promulgación.
Consultado por el caso del diputado Gutiérrez, el experto en derecho constitucional comentó que aunque hoy es necesario respetar la legislación vigente, en el futuro debería evaluarse cambiar este tipo de casos a la revisión de otro organismo.
El parlamentario fue acusado por sus pares de Chile Vamos por, presuntamente, haber incitado a la alteración del orden público, por lo que solicitaron su destitución.
La acción judicial fue interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de contra todos quienes resulten responsables en los delitos de cohecho y prevaricación judicial.
En un contundente fallo la semana pasada, la corte de Karlsruhe ordenó al Banco Central Europeo (BCE) que justifique sus compras de deuda pública y, con duras críticas, rechazó plegarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Lejos de sorprender, los dichos de la actual presidenta del TC y de la diputada Carmen Hertz no han hecho más que evidenciar irregularidades. Problemas que se vienen denunciando desde hace años y que apuntan principalmente a una persona: el ministro y ex presidente del organismo, Iván Aróstica.
Legisladores de Chile Vamos buscaban, a través del TC, que se incluyera a reclusos de Punta Peuco en el proyecto del Gobierno. Desde el Ejecutivo valoraron la decisión del Tribunal e hicieron un llamado a los diputados oficialistas, para que retiren el segundo recurso presentado con el mismo objetivo.
Un documento de 29 páginas detalla, entre otras cosas, que los condenados de dicho recinto penal padecen de enfermedades que acrecentarían aún más su condición de población de riesgo.
El Sindicato de Inacap sede Arica acusó a la empresa de reemplazar a un trabajador durante la huelga legal de 2019. Ante la sentencia en su contra determinada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, Inacap busca que sea el Tribunal Constitucional quien lo salve de ser sancionado.
María Luisa Brahm respondió a las palabras de la ex cabeza de esta institución, Marisol Peña, quien declaró que “es imposible pensar en ningún mecanismo institucional que fiscalice, remueva ministros o acuse a los ministros del TC”.
El documento fue firmado por 40 parlamentarios de distintos partidos fuera del oficialismo. Además del Partido Socialista y Convergencia Social, firmaron diputados PPD, comunistas, ecologistas, humanistas e independientes.
