El titular de Justicia relevó la importancia de la iniciativa para reconstruir las circunstancias en que las víctimas de la dictadura fueron objeto de desapariciones forzadas, a través de una política pública permanente en el país.
Representantes del máximo tribunal valoraron la separación de la función jurisdiccional de las labores no jurisdiccionales. Asimismo, instaron a los representantes del órgano electo a marcar una diferencia respecto a la celeridad de la justicia.
El contralor general, Jorge Bermúdez, explicó que las nuevas transacciones a fundaciones privadas estarán suspendidas en su toma de razón mientras se indaga el caso de Democracia Viva y otras que están cuestionadas por traspasos directos.
El tribunal de alzada rechazó la solicitud de levantar la medida cautelar hecha por su defensa. El ente judicial estimó que se dan por acreditados los hechos que llevaron a la jueza a dejarlo privado de libertad mientras dura la investigación.
El presidente de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, señaló que “cualquier delito cometido por algún militante de Revolución Democrática (…) no van a tener cabida en nuestro partido”. Además, criticó a quienes piden la salida del ministro Montes.
El próximo domingo 25 de junio se realizará un homenaje en Villa Grimaldi a los dirigentes del Partido Socialista secuestrados por la dictadura en 1975, entre ellos el ex diputado Carlos Lorca Tobar.
La acción judicial fue ingresada por uno de los hijos del imputado, Ernesto Macaya Danús, quien apuntó a una afectación contra la integridad psíquica de su hija, sindicada como víctima en la investigación.
En conjunto con el Ministerio de Justicia, la institución realizó el operativo más grande de su historia requisando, entre otros objetos, más 2 mil armas blancas y 2 kilos de sustancias ilícitas.
El parlamentario por la región de Antofagasta, señaló que “hay mayor desazón cuando uno espera que en determinados gobiernos con los que uno tiene mayor afecto, las pruebas sean de manera distinta”.
El abogado querellante Nelson Caucoto señaló que “este caso denominado Conferencia II, permitió descubrir el cuartel de exterminio de la DINA en calle Simón Bolivar, del cual nunca nadie salió vivo y nadie escapo de la brutalidad de la tortura”.
Los abogados del exalcalde de Vitacura, imputado por desvio de más de $760 millones, acusaron que hubo “errores” por parte de la jueza de garantía, Carolina Herrera, en los argumentos que dio para dejar a su representado con la máxima cautelar.
La Fiscalía está pidiendo 15 años de presidio para Fuente-Alba y 10 años para su esposa, Anita María Pinochet, procesados por malversación de caudales público que ascendería a una suma aproximada de $3.500 millones.
El abogado especialista en anticorrupción señaló que los vínculos entre los implicados le restarían imparcialidad a los contratos pactados entre el seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.
La querellante destacó la sanción contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair, quien participó en el consejo de guerra, figura que calificó como una simulación.
La decisión la adoptó luego de una extensa jornada donde se conocieron detalles de las triangulaciones de dineros que incluían depósitos a cuentas personales del exedil. Será internado en el anexo Capitán Yáber.
Para las 9 horas de hoy, en el Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago, está fijado el inicio del juicio contra el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita María Pinochet Ribbeck.
La presidenta de la AFEP subrayó que este hecho se suma a varios donde la justicia ha llegado tarde. La idea fue reforzada por Francisco Bustos, querellante en el caso del homicidio del profesor Federico Álvarez.
