El organismo internacional notificó al Gobierno de Chile respecto al inicio del proceso mediante el cual, este último tiene tres meses –prorrogables a cuatro, a contar del 24 de julio- para entregar una serie de antecedentes sobre este caso.
En la misiva los exuniformados reconocieron parte de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo, argumentaron que deberían ser sus superiores y no ellos quienes enfrenten las consecuencias.
De no tener una respuesta positiva de parte de las autoridades, desde la organización no descartan que al regreso de las Fiestas Patrias la movilización escale y se convierta en una paralización nacional de carácter indefinido.
La senadora de RN Paulina Núñez consideró que la relación con el Ejecutivo está quebrada porque es un Gobierno “que no es de todos los chilenos”. Mientras, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Manouchehri, emplazó a enviar una señal al país.
El concejo municipal tomó la decisión como un homenaje a la psicóloga que fue quemada viva durante la jornada de protestas del 2 y 3 de julio de 1986 junto a Rodrigo Rojas de Negri quien no logró sobrevivir al ataque de la patrulla militar.
A través de una carta, un grupo de exagentes de la dictadura reconocieron los atropellos cometidos en el régimen encabezado por Augusto Pinochet. “Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes”, agregan.
Una mujer de 25 años denunció haber recibido el impacto durante las manifestaciones anoche en la Población La Victoria. Desde la institución policial pusieron los antecedentes en el Ministerio Público para iniciar una investigación del hecho.
La ministra del Interior además se refirió a la diferencia entre la conmemoración de los 50 años del golpe y lo ocurrido en años anteriores: “Si cada vez había un mayor reconocimiento a la verdad histórica, ahora parece haber menos”, dijo.
En conversación con nuestro medio, el académico cuestionó los procedimientos institucionales que permitieron la construcción de edificios en el campo dunar que hoy están en peligro de derrumbe.
Miles de personas llegaron hasta el recinto de Ñuñoa para recordar a quienes hace 50 años sufrieron los horrores de la dictadura y a exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en la Universidad de Chile, el ex mandatario de Uruguay sostuvo un encuentro con la comunidad universitaria, particularmente con las y los estudiantes.
En la sesión se destacó la labor del mandatario y también exparlamentario. Representante de la UDI Gustavo Benavente, leyó discurso que provocó que fuera censurado por el presidente de la entidad, Ricardo Cifuentes.
El gremialismo señaló que el 11 de septiembre se propició por responsabilidad directa de un sector de la izquierda chilena. En esa línea, la ministra Carolina Tohá afirmó que “la declaración de la UDI me duele y avergüenza”.
La ministra vocera destacó la asistencia de líderes extranjeros de distinto signo político y también de sectores no oficialistas. “No podemos permitir que se vaya naturalizando la relativización de las violaciones a los derechos humanos”, agregó.
“Hay quienes no aprenden de la historia, que no se comprometen con la democracia y no creen que los DDHH tienen que ser parte estructural del sistema constitucional del país”, expresó el consejero Yerko Ljubetic.
El mandatario encabezó la multitudinaria ceremonia junto a invitados internacionales, parlamentarios, dirigentes políticos y centenares de personas que llegaron a la Plaza de la Constitución.
El presidente metropolitano del Colegio de Profesores, criticó los cambios que se busca realizar a la iniciativa. El dirigente apuntó directamente a los legisladores gremialistas y llamó al Gobierno a no acordar estas modificaciones con la oposición.
