La exautoridad es uno de los principales protagonistas del escándalo que sacude al oficialismo, ya que es el responsable de adjudicar 427 millones de pesos a la fundación vinculada a Revolución Democrática.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y ejercer todas las acciones penales, administrativas, legislativas, que tengamos a nuestro alcance”, señalaron desde la colectividad de oposición.
La directora de Chile Transparente recalcó que “hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado que son los que tienen el poder para generar cambios”.
El economista señaló que el rechazo a avanzar en una mayor recaudación fiscal se debe a que la actual oposición retornó a su posturas más extremas y advirtió que “más temprano que tarde tendremos erupciones parecidas a las que tuvimos en 2019”.
El dirigente del Magisterio entregó su apoyo al paro que hace cuatro semanas afecta a la educación pública magallánica por el no pago de los salarios. “Esperamos que el Mineduc haga los cambios profundos que esperamos de este modelo”, dijo Díaz.
El presidente de la comisión de RREE de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería, calificó la decisión como una “excelente noticia”. Otro integrante de la instancia, Félix González, dijo que Perú debe realizar elecciones antes de asumir el cargo.
Rodolfo Morrison, director del Departamento de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina, señala que “como Universidad tenemos que incidir en la política pública y principalmente intentar contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas”.
Tras una reunión con el persecutor de Antofagasta, la autoridad sostuvo que “hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones” y afirmó que “van a revisar” las denuncias ante un supuesto aumento en los tratos directos con el Minvu.
El canciller Alberto van Klaveren indicó que la decisión busca resolver las tensiones entre los dos países por lo que ostentará el cargo durante un mes para luego entregarlo a las autoridades limeñas.
Tras el sistema frontal, la autoridad regional remarcó la necesidad de descentralizar el abordaje de las emergencias y apuntó a los desafíos que enfrenta la zona en materia de políticas públicas.
La denuncia interpuesta planteó que “algunas de las personas relacionadas de algún modo con la Fundación Democracia Viva” son afiliados a RD y se encuentran siendo “objeto de investigación por los órganos internos de nuestro partido”.
El periodista y co-autor del informe “Más amplitud, más voces, más democracia”, enfatizó que no se puede acusar a una comisión como esta de un sesgo ideológico cuando aun no se sabe quiénes la van a integrar y cuáles serán sus alcances y límites.
Desde el Alto Biobío, el Presidente habló sobre los casos de corrupción y afirmó que “es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, por ahí no hay por dónde, que eso no siga pasando”.
La solicitud la realizaron luego que la Sociedad Interamericana de la Prensa expresara su preocupación por una eventual “tentación de caer en modelos de censura” a raíz del trabajo de la futura instancia anunciada por el Ejecutivo.
El representante legal de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, puso a disposición del Octavo Juzgado de Garantía todos sus dispositivos electrónicos y el acceso a sus cuentas bancarias.
El jefe de la bancada de diputados de RN sostuvo que no se ha llegado a acuerdo y que de votarlo en las condiciones que está, sencillamente lo rechazarían. Eso sí, confirmaron su asistencia a la reunión convocada por el Ejecutivo por este tema.
El tribunal de alzada rechazó la solicitud de levantar la medida cautelar hecha por su defensa. El ente judicial estimó que se dan por acreditados los hechos que llevaron a la jueza a dejarlo privado de libertad mientras dura la investigación.
