Las recientes afirmaciones del Presidente José Antonio Kast respecto a una posible instrucción para que entidades públicas de educación y salud colaboren a la hora de reportar a personas con condición migratoria irregular continúan generando coletazos en el mundo político. Esta vez, dentro del mismo Ejecutivo, luego de que la ministra de Salud, May Chomalí, manifestara públicamente su preocupación en torno a la medida.

“Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación porque no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”, expresó la secretaria de Estado en conversación con Radio 13c.

En ese contexto, Chomalí recalcó que se trata de una situación que está resguardada tanto en el Código Sanitario como en la ley de deberes y derechos de los pacientes. “Desde Salud no podemos negar una atención porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población. Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos”, situó la ministra al respecto.

Sobre la forma en que su cartera abordará la situación con Presidencia, expresó que “hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros. No podemos ir en contra de la ley (…) y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”.

Sin embargo, fue el mismo subsecretario del Interior Máximo Pavez —autor de la indicación del proyecto de ley que busca mejorar el procedimiento de expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros y que, precisamente, propone obligar a los centros de salud y educación administrados por el Estado a entregar la información de migrantes irregulares a la autoridad administrativa migratoria y contralora— quien bajó el perfil de los dichos de Chomalí.

“Si las instituciones permanentemente le entregan información a las policías en múltiples procedimientos, acá solamente estamos agregándole esa facultad que ya existe para los fines migratorios“, afirmó la autoridad en un punto de prensa.

A su juicio, se trata de una norma que “resguarda todas las garantías constitucionales, y lo que hace es que, cuando requiramos una información para poder materializar un procedimiento de sanción migratoria o de expulsión migratoria, podamos tener un documento o un dato tal cual, como dijo el Presidente, para ubicar a las personas. Eso es todo”.

De hecho, y en palabras de Pavez, “se ha generado un malentendido porque nadie está obligando a reportar a nadie. La preocupación de la ministra nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar y, en ese sentido, no hay ninguna descoordinación”.