La abanderada del oficialismo acusó que “los números no calzan” y cuestionó la “improvisación” de su contendiente en la materia. Por ello, sostuvo que era necesario partir con un “empadronamiento obligatorio”.
El parlamentario explicó que la medida, que entrará en vigencia en 2026, busca proteger la convivencia y los aprendizajes fundamentales. Además, aclaró que habrá autorizaciones para casos de emergencia, salud o fines pedagógicos específicos.
La directora del SENDA, Natalia Riffo, afirmó que las cifras se explican, entre otras razones, por la pandemia y la “instalación de una cultura más saludable”. Además, se registró un aumento en la percepción de riesgo ante estas sustancias.
El Mandatario enfatizó que aún se puede crecer más en materia económica y que su gobierno “ha sentado las bases” para lograr esa meta. Asimismo, dijo que la imagen del país “en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite”.
Abogados constitucionalistas presentes en la instancia sostuvieron que, efectivamente, el ministro de la Corte Suprema debió inhabilitarse de los casos en los que se le acusa de falta a la probidad e imparcialidad.
Pese a las acusaciones relacionadas con casos de corrupción, el candidato republicano recalcó sentirse “muy orgulloso” de su asesor. Además, abordó la situación del diputado Cristián Araya investigado por presunto tráfico de influencias.
Según el exministro de Relaciones Exteriores, la situación en la frontera revela los nudos del debate actual en medio de la campaña presidencial. Por ello, advierte que propuestas efectistas ignoran la complejidad diplomática del fenómeno.
Pobladores instalaron barricadas en el acceso principal, obligando a la intervención de Carabineros y personal de Control de Orden Público. El alcalde Alessandri aseguró tener “la obligación de hacer cumplir la ley”.
Mientras ambos países buscan implementar patrullajes conjuntos en la frontera, el Servicio Jesuita a Migrantes aseguró que el flujo migratorio es similar al habitual y alertó que las expulsiones colectivas las prohíbe el derecho internacional.
La autoridad de Educación resaltó la transición de la PSU a la actual prueba, ya que permitió ampliar “las posibilidades de postulación a muchas más personas”. A su vez, entregó recomendaciones para enfrentar el proceso.
El director de ONG FIMA destacó el rol “dialogador” de Chile en la última COP30 y entregó su lectura sobre los avances y tensiones en el país y a nivel mundial respecto a las políticas medioambientales.
El plan propone una hoja de ruta a largo plazo para transformaciones y prioridades en el sistema, orientado en desafíos del futuro y generar conocimiento e innovación.
El Consejo de Rectores de las Ues Chilenas analizó la respuesta del Ejecutivo con las nuevas indicaciones al proyecto. El subsecretario Víctor Orellana aclaró que la iniciativa, independiente del próximo gobierno, “debería seguir avanzando”.
El Plan de Acción 2025-2030 —que acompaña la implementación de 129 medidas— tiene un enfoque centrado en que jóvenes tengan “la posibilidad de quebrar las trayectorias delictivas y poder trabajar efectivamente en reinserción”.
El Ejecutivo resaltó que la ley se fortaleció en base a dos ejes: responsabilidad fiscal y responsabilidad social. Así se logró aumentos en las asignaciones a salud, educación, vivienda y seguridad para el próximo año.
Los parlamentarios establecieron que los espacios de memoria deberán reportar al menos un 50% de actividades verificables en la asignación de financiamiento. Otro erario zanjado fue el del Injuv, acordándose su rediseño institucional.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró las mejoras en el trámite de la ley, resaltando el compromiso de fijar un calendario para la creación de nuevos SLEP, el fortalecimiento de la salud primaria y el aumento de financiamiento a Contraloría.
