El subdirector del Centro de Derechos Humanos de la U. de Chile aseguró que se han atacado importantes políticas públicas destinadas a las víctimas de la dictadura. Por ello, el lazo entre el Ejecutivo y las organizaciones está sumamente afectado.
El abogado Cristóbal Bonacic visitó al exparlamentario en el Anexo Capitán Yáber, desde donde aseguró que la causa fue “armada” para aparentar una multiplicidad de ilícitos inexistentes.
El exparlamentario fue recluido en el anexo penitenciario tras ser formalizado por fraude al fisco, mientras que su exasesor Emiliano Domínguez fue derivado al recinto de Santiago 1.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de la Defensoría Penal Pública al detectar “falta de legitimación activa” del Gobierno para invocar la Ley de Seguridad del Estado en este caso.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien le imputa a Lavín Jr. los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil.
Tanto el Ministerio Público como los querellantes —la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado— pidieron que el exdiputado cumpla la medida cautelar más gravosa, al igual que su exasesor y también imputado, Arnaldo Domínguez.
La audiencia será el 8 de junio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la exministra por revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial, y contra el abogado por soborno.
El Consejo de Defensa del Estado respaldó ante el tribunal la solicitud del Ministerio Público. El organismo apuntó a la gravedad de los hechos, el daño institucional y los riesgos para la investigación que representa el imputado.
El exparlamentario enfrenta acusaciones por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencia.
El exparlamentario será formalizado, junto a tres imputados, por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
La abogada querellante Carolina Vega del Estudio Caucoto Abogados, valoró la sentencia señalando que “después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales”.
La cifra fue entregada luego de una consulta realizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la senadora Fabiola Campillai.
En esta nueva acción, la empresa extiende la acción judicial en contra de los abogados y exdiputados de la Democracia Cristiana Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, como coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos.
El tribunal aceptó la renuncia de Jorge Valladares Opazo como representante de la exjueza de la Corte Suprema. La resolución judicial dejó abierta la posibilidad de que la exministra reorganice su estrategia legal en los próximos días.
El juez dejó sin efecto las cautelares para los hijos de la dirigenta mapuche, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, tras una audiencia de revisión marcada por nuevos antecedentes expuestos por la Fiscalía y cuestionamientos de la defensa.
