La académica de la U. de Chile y exconsejera del CDE señaló que en el Poder Judicial y otras instituciones existe “una cultura en que el amiguismo es fundamental, o sea, yo tengo que estar cerca de alguien” para acceder a cargos.
En medio de este proceso de alta complejidad, que puso sobre la mesa una presunta corrupción al interior del máximo tribunal del Poder Judicial, el abogado analizó el trasfondo institucional que, a su juicio, permitió que estos hechos ocurrieran.
La representante del Ministerio Público sostuvo que la libertad de la exjueza es un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras, la defensa de la acusada calificó de “bastante débiles” los argumentos de la Fiscalía.
La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.
La destituida exintegrante de la Corte Suprema fue arrestada y será formalizada por cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva.
La defensa de la exministra presentó una recusación contra los jueces del máximo tribunal argumentando que no pueden juzgar la querella penal en su contra tras haberla removido del cargo.
El abogado alertó que para evitar la impunidad y recuperar la credibilidad del sistema de justicia, la única salida es asegurar una reacción institucional firme, mayor transparencia y criterios uniformes bajo la nueva presidencia de la Corte Suprema.
El Pleno del Máximo Tribunal accedió a la solicitud de Jean Pierre Matus para que se realice una indagatoria que aclare antecedentes publicados en un medio de comunicación.
En el fallo, los magistrados señalaron que de los antecedentes expuestos surgen indicios graves, precisos y concordantes de que Vivanco aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados de la empresa chileno-bielorrusa CBM.
Se trata de información revelada por el medio Reportea, donde se da cuenta de pagos por 255 millones de pesos entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos actualmente en prisión preventiva.
E tribunal de alzada de Santiago analizó los cargos por la presunta participación de la exministra de la Corte Suprema en el caso. La Fiscalía insiste en avanzar hacia una eventual acusación formal contra la exmagistrada.
“Estaba bastante instalado en algún grupo de personas que veía las debilidades del sistema de justicia chileno como una manera de enriquecerse”, agregó el abogado respecto los vinculos entre el sistema notarial y el Poder Judicial.
La diputada criticó duramente las declaraciones de la exministra, acusándola de “sarcasmo” y “falta de respeto” en medio del giro judicial que la incorpora como querellada en la trama por presuntos pagos de coimas para obtener fallos favorables.
A raíz de los vínculos entre el conservador Sergio Yáber con el diputado Cristián Araya (PRep) y el senador Matías Walker (Demócratas), el abogado lamentó la “cultura institucional de impunidad” ante este tipo de actos.
El fiscal nacional afirmó que los antecedentes públicamente conocidos “ameritan ser investigados” y que este martes se adoptará una decisión sobre cómo procederá el Ministerio Público.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la medida cautelar más gravosa para Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles -pareja de la exministra Ángela Vivanco-, imputados en esta arista del caso Audios.
La estatal acusó un patrón sostenido de intervenciones indebidas, presiones internas y beneficios económicos ilegítimos en la tramitación de los recursos que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec.
