El Ejecutivo oficializó el traspaso del inmueble fiscal donde se levantará una sede de más de 5.500 m², iniciativa respaldada por unanimidad por el Consejo Regional y que busca transformar un sitio eriazo en un nuevo polo cultural para Santiago.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el gobernador de la RM defendió su honestidad y acusó una “maniobra política” de la oposición y un trabajo “negligente” de la Fiscalía de Antofagasta.
El persecutor aseguró que sufrió hostigamiento y filtración interna de información sobre su trabajo, y defendió que la investigación ProCultura sigue vigente y podría derivar en nuevas reformalizaciones.
La autoridad solicitó al Ministerio Público que se hiciera responsable de las costas del juicio. Además, dijo que pidió al Fiscal Nacional investigar lo que ocurre en la Fiscalía de Antofagasta con el caso ProCultura.
El Ministerio Público afirmó que existió coordinación previa entre los imputados, respaldada en chats, viajes y vínculos políticos, para defraudar fondos públicos. En ese contexto es que pidió reforzar las medidas cautelares.
El Ministerio Público pidió aplazar la revisión del desafuero, instancia clave que definirá si el gobernador queda suspendido de sus funciones y enfrenta investigación penal sin fuero.
El próximo 12 de febrero, el tribunal de alzada de Santiago definirá el futuro judicial del Gobernador Metropolitano tras la solicitud de la fiscalía en el marco de la arista Procultura.
El Ministerio Público acudirá a la Corte de Apelaciones tras el rechazo de la prisión preventiva para los imputados y mantiene pendiente una solicitud de desafuero contra el gobernador metropolitano, Claudio Orre
El abogado Pablo Toloza acusó una rebaja de estándares en la decisión judicial, denunció falta de transparencia en las audiencias de formalización y anunció que prepara un recurso de apelación.
La causa indaga el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en recursos públicos entregados a la fundación, mientras la Fiscalía apunta a contratos injustificados y se mantiene abierta una arista política que involucra al gobernador de la RM.
La detención del psiquiatra y fundador de la ONG marca un hito en la arista del proyecto “Quédate”, donde el Ministerio Público investiga transferencias por más de $1.600 millones y presuntos abusos de poder por parte del gobernador regional.
El Ejecutivo abordó el debate tras el nuevo error en la liberación de un reo. El gobernador Orrego aseguró que los últimos hechos son “la punta del iceberg”, mientras Renovación Nacional exigió la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
El Gob. Orrego condenó la violencia a 6 años del 18-O: “Ninguna causa va a justificar el uso de la violencia”. Hizo un llamado a rechazar la “violencia verbal” y la destrucción de propiedad, enfatizando que “la ciudad se recupere para las personas”.
La decisión se adoptó tras recibir la certificación del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que informó que en una próxima audiencia se pronunciará sobre su competencia para abordar la investigación penal del caso ProCultura.
En la audiencia, los fiscales regionales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos intentarán revocar el fuero de la autoridad para proceder con su formalización por los delitos de fraude al fisco y solicitar medidas cautelares en su contra.
Las autoridades de ambos partidos hicieron entrega oficial del requerimiento en las oficinas del Tribunal Calificador de Elecciones. Esto, con un documento de 180 páginas que fue respaldado por 16 CORES y que desglosa un total de 17 cargos.
Ambas comunas acordaron patrullajes mixtos, cámaras conectadas, drones y coordinación contra bandas como “La Jauría”, en el marco del plan de seguridad Distrito Co del Gobierno de Santiago.
