El gremio de aplicaciones de transporte busca realizar importantes ajustes al reglamento que fue retirado de Contraloría sobre esta legislación. El ministro Juan Carlos Muñoz, explicó los aspectos que el Gobierno pretende mejorar de la normativa.
Según consigna La Tercera, el retiro fue solicitado por la jefa de la división legal de la Subsecretaria de Transportes, Dennise Ramírez, “atendido que se estima necesario revisar el contenido del acto administrativo previamente referido”.
El Ejecutivo presentó anoche ante el ente fiscalizador los documentos para suspender el beneficio. Por lo que ahora la entidad deberá revisar y hacer la toma de razón en un plazo de 15 días hábiles.
La alcaldesa Daniela Peñaloza deberá escoger un mecanismo de control para la asistencia y las horas extras realizadas por funcionarios municipales, lo que fue valorado por el municipio.
El ente fiscalizador desestimó que los ministros de Estado involucrados en los encuentros en el domicilio del exalcalde con empresarios hayan incurrido en omisiones a la legislación. Sin embargo, planteó la necesidad de reforzar la probidad.
Según consignó La Tercera, el INDH argumentó que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
La titular de Interior reafirmó que el otorgamiento del beneficio se hizo conforme a la normativa vigente y confirmó que el Presidente Gabriel Boric instruyó la revocación del beneficio a una persona con antecedentes penales por pornografía infantil.
El titular de Justicia afirmó que el requerimiento del ente fiscalizador se encuentra dentro del “mecanismo normal” y confirmó el plazo proporcionado a los secretarios de Estado para responder la solicitud.
Diputados y organizaciones de trabajadores solicitaron a Contraloría que determine si la ley de Conciliación también rige para sector público.
En entrevista con CNN Chile, Jorge Bermúdez afirmó que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública”.
Asimismo, la autoridad remarcó que “acá se aprovechó de una grieta que existe en el sistema institucional para sacar recursos para financiar supuestos proyectos que no valían lo que se estaba pagando por ellos”.
El contralor Jorge Bermúdez concurrirá hoy a las 11.00 horas a la comisión de diputados que investiga los traspasos de recursos del fisco a las ONGs, y dará a conocer los principales resultados de las auditorías realizadas a 15 seremis de Vivienda.
Oposición pidió al presidente de la Cámara de Diputados que emplace al Gobierno a que no impida el trabajo de esa rama del Congreso. La Contraloría dio cinco días para que La Moneda explique la ausencia de Crispi ante la comisión investigadora.
Los legisladores consideran que se trata de una forma de “encubrir actividades políticas”. Mientras, Jeannette Jara, explicó que el objetivo es dar a conocer la propuesta que se espera sea votada en las próximas semanas en el Parlamento.
Mientras, el ministro Montes dijo que su cartera “está llevando adelante todos los cambios y ajustes necesarios que permitan impedir que los recursos destinados a las chilenas y chilenos más necesitados se transformen en el botín de inescrupulosos”.
El presidente del gremialismo, Javier Macaya, cuestionó que el Ejecutivo no se haya querellado por el caso Convenios, pero Luis Cordero subrayó que por Ley esta tarea recae en el Consejo de Defensa del Estado.
En el marco de la promulgación de la Ley de Protección al Denunciante, el mandatario insistió en la decisión de su Gobierno de tomar todas las medidas que sean necesarias para perseguir y condenar estos casos “caiga quien caiga”.
