En 1998 se entregaron los restos de 18 personas que habrían sido sepultadas en una fosa común del cementerio de la ciudad. Ahora, análisis genéticos determinaron que se cometieron entregas cruzadas y dos personas volvieron a desaparecer.
El ministro Álvaro Mesa encabezó intensas diligencias del Plan Nacional de Búsqueda en la Macrozona Sur. Usó tecnología de punta para identificar con mayor precisión sitios de interés en 5 causas por delitos de lesa humanidad.
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos conmemoró el 50° aniversario de la primera reunión de esta operación de la dictadura. La actividad concluyó con un llamado a garantizar justicia, evitar retrocesos y que estos hechos no sean olvidados.
Parlamentarios gremialistas buscan que se apliquen “las acciones judiciales pertinentes”. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó su pesar porque el caso se esté usando para “poner en duda lo que ocurrió en la dictadura militar”.
La iniciativa implica una reparación de carácter simbólica para las familias, en línea con los trabajos del Plan Nacional de Búsqueda. Para ello, se creará un registro a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación.
Jaime Gajardo, defendió al ministro Cordero ante querella opositora por caso Bernarda Vera: calificó las denuncias de “poco serias, impresentables” y sin sustento jurídico, emplazando a condenados por DD.HH. a dar información.
Ante los dichos de los presidenciables Johannes Kaiser y José Antonio Kast, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile acusó que hay autoridades “que buscan cada oportunidad para demostrar que no creen en los derechos humanos”.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -conocida posteriormente como Comisión Rettig, en honor a su presidente, el jurista Raúl Rettig- fue creada en 1990 por el presidente Patricio Aylwin con el propósito de establecer una verdad de Estado sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 17 años de […]
La periodista y psicóloga presentó un libro testimonial que recorre los pasajes de su vida desde su detención, tortura y expulsión del país. Así, relevó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan las atrocidades de la dictadura.
El titular de Justicia enfatizó en que la búsqueda de los detenidos desaparecidos es una obligación del Estado y de la sociedad, más allá de cualquier administración de turno.
Los ministros de las carteras de Interior y Culturas encabezaron un recorrido por el Archivo Nacional, donde relevaron el rol que juega la esquematización de documentos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
La hija de Víctor Díaz López —ex dirigente del PC detenido y ejecutado en dictadura— recibió el galardón “Ana González de Recabarren: Reconocimiento a luchadoras sociales” por su trayectoria, compromiso y contribución en materia de lucha sociales.
La expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó sus resquemores por la iniciativa del candidato presidencial, que busca que el SML identifique restos de detenido desaparecidos sin una orden judicial de por medio.
El Mandatario aseguró que uno de sus objetivos antes de que finalice su administración es que esos recursos dejen de depender de la Ley de Presupuesto. “El negacionismo de algunos sectores políticos del Congreso es brutal”, subrayó.
En el contexto del Día Internacional de la Desaparición Forzada, el organismo realizará un encuentro con la dirigenta argentina María Adela Antokoletz y con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió al reciente lanzamiento del libro “Rompiendo el Silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutadas y ejecutados políticos durante la dictadura civil militar: 1973-1990”.
La hija de Fernando Ortiz, dirigente comunista desaparecido en dictadura, valoró la decisión de la justicia australiana que facilita la extradición de la exagente de la DINA. Sin embargo, planteó dudas sobre cómo financia estos procesos judiciales.
